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Pues sí, la verdad. El affaire de Straus-Khan y la camarera del hotel  de Nueva York me ha terminado de convencer: la justicia poética es lo único que importa. Más allá de lo que ocurrió en aquella habitación del Sofitel, lo importante, lo jurídicamente relevante, son las interpretaciones. Si esa justicia consiste básicamente, no ya en la valoración de las pruebas, sino en la construcción de un relato (son palabras del Tribunal Supremo español), entonces lo que hay que ver es, en cada momento y lugar, qué relato es más eficaz. Esto es, cuál es socialmente más apetecible.

Quiero decir con esto que, como ciudadano modélico, me importa un bledo si Dominique Straus-Khan forzó o no a Nafissatou Diallo a hacerle una felación. Yo también tengo mi propia opinión sobre el asunto cuando del ex director del Fondo Monetario Internacional y una camarera africana se trata. Así que si lo que de verdad importa son los antecedentes del superejecutivo y las mentiras de la refugiada a la hora de pedir asilo; si de lo que se trata es de qué versión de los hechos resulta más verosímil; si lo que allí pasó nunca podremos saberlo del todo, puesto que no estábamos allí puestos; y si vivimos en el mundo en el que vivimos actualmente, esto es, en la actualidad: resolvamos este asunto como Dios manda: votemos.  ¿Quién cree  que la violó? ¿Y quién cree que no, que en verdad todo es un montaje de la camarera –según Fidel Castro la CIA podría estar detrás– para sacar pasta?

Yo, que he leído los periódicos, lo tengo clarísimo.

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¡Bien por Nueva York!

Primero. Muchas mujeres nos alegramos, mucho, de que la justicia de Nueva York haya escuchado con respeto la denuncia por intento de violación y abuso sexual presentada por una camarera, inmigrante de origen guineano, contra un poderoso funcionario internacional. Nos alegramos de que haya detenido al sospechoso, de que haya abierto una rápida investigación para determinar la solidez de las pruebas en su contra y de que, a la vista de esa investigación, le haya procesado. Se demuestre finalmente su culpabilidad o no, el comportamiento de la policía y de la justicia de Nueva York ha sido, en ese punto, y al margen de cualquier otra circunstancia seguramente censurable, admirable y correcto. Y debe reconocerse así.

Segundo. Muchas mujeres estamos indignadas con la reacción de un grupo de comentaristas, especialmente franceses, que en su defensa de Dominique Strauss-Kahn, han recurrido, sin rubor, al más antiguo y deleznable recurso machista: trasladar la sospecha a la víctima, de manera que pase de ser una mujer posiblemente agredida a una probable prostituta ávida de dinero. DSK se merece la presunción de inocencia. Su posible víctima, no.

Muchas mujeres estamos hartas de ese tipo de comportamiento, analizado en miles de estudios, porque amedrenta a las víctimas y tiene un efecto perverso sobre las denuncias. Ha costado años de trabajo que las mujeres se atrevan a denunciar los abusos sexuales como para que ese grupo de comentaristas no sea consciente de lo ruin de su actitud. Volcar la sospecha sobre la posible víctima es mucho más repugnante que el reprochable hábito de la justicia de Nueva York de exponer ante las cámaras de medio mundo a un sospechoso, sobre todo si es famoso, pese a que debería estar protegido por la presunción de inocencia.

Nos indigna que Bernard-Henri Lévy asegure que en la mayoría de los hoteles de Nueva York las camareras no entran solas en las habitaciones de los huéspedes, lo que cualquier persona que haya viajado a esa ciudad y se haya alojado en ese tipo de hoteles sabe que es absolutamente falso. Nos asombra que Jean Marie Colombani deslice en un artículo la idea de que la acusación puede deberse a diferentes sensibilidades a la hora de encarar una conducta sexual. A Strauss-Kahn no se le ha acusado en Nueva York, en ningún momento, de ser ofensivamente insistente en su propuesta de mantener relaciones sexuales, ni tan siquiera de forzar a una empleada en una posición de clara inferioridad a recibir un beso. Se le acusó de intento de violación y de abusos sexuales, algo que no es cuestión de percepciones culturales, sino un atentado contra los derechos humanos.

Nos desconcierta que una conocida comentarista de Le Point, Anna Cabana, haya descrito en estos términos la comparecencia de DSK ante la justicia norteamericana: “Estaba transfigurado por una cólera sombría y orgullosa. (…) Si me atrevo a escribir esta paradoja, les diría que este hombre, desembarazado de su dandismo por la gravedad de las circunstancias, no ha estado nunca tan hermoso”.

Nos asombra que los medios de comunicación, franceses e internacionales, hayan permanecido tan pasivos ante los repetidos comentarios sobre la “adicción al sexo” del director del FMI. La vida sexual de los políticos es asunto privado, siempre que no cometan delitos ni pregonen públicamente lo contrario de lo que practican. Pero la hipersexualidad, un término médico, define a una persona que busca saciar el deseo sexual de una manera compulsiva y obsesiva, una alteración seria que influye en el comportamiento de quien lo sufre. Si hubieran existido repetidos comentarios sobre cualquier otra alteración de comportamiento en DSK (consumiera cocaína o fuera simplemente cleptómano), es muy probable que esos medios se lo hubieran tomado mucho más en serio. Pero parece que incidentes relacionados con la eventual adicción sexual de Dominique Strauss-Kahn solo provocaron sonrisas entre sus colegas a este lado del océano. -

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ, El País, 22/5/2011

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Hace gracia comprobar hasta qué punto la presunción de inocencia está siendo sustituida por la presunción de culpabilidad, sin que se deje oír el más mínimo quejido. Donde mejor se ve no es en las henchidas declaraciones de principios, sino en las aparentemente menos ideologizadas muletillas de la información diaria. Que esa inversión se exhiba justamente en las noticias que reivindican la inocencia de los perseguidos, es para echarse a temblar.

Es el caso de la noticia que da hoy El País sobre las 331 reclamaciones tramitadas por el Ministerio de Justicia en 2010:

Justicia tramita 29 casos de presos inocentes, otros 288 de personas que acabaron como preventivas entre rejas y luego fueron absueltas y otros 14 de detenidos por órdenes de captura equivocadas

dice la noticia. Lo interesante es la distinción entre presos inocentes y preventivos que fueron absueltos, como cuando dice que quienes reclaman han sido víctimas

de autos de prisión contra sospechosos que, tras meses presos, acaban absueltos; y, los más graves, de errores garrafales que llevan a la cárcel a personas totalmente inocentes.

La única razón para discriminar entre unos y otros la concede el ministerio, pero en el último párrafo: “El argumento es que se trata de sospechosos que alcanzan la absolución por falta de pruebas.” Es decir, que salvo resolución judicial expresa que certifique la inocencia del procesado, el ministerio los considera sospechosos con razón y sin derecho a indemnización.

Se trata de un truco legal como otro cualquiera para denegar a los que han sido procesados injustamente el derecho a que se repare su daño. Pero traducir esa falacia oficial como una distinción de hecho en los periódicos, equivale a suponer que quien pasa meses en la cárcel sin que se demuestre su culpabilidad, no es un “preso inocente”, sino un presunto culpable a falta de confirmación oficial.

Alguien que no es totalmente culpable. Todavía.

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La petición de Manuel Borraz para que la Fiscalía de Cataluña analice los restos de la violación de Blanes está hoy en los periódicos. Mónica Ceberio Belaza lo recoge así en El País, y yo mismo, así en Público.

ElPais.com recoge además un breve análisis de Borraz donde explica con una claridad meridiana cómo la fiscalía podría intentar resolver esa violación impune desde casi veinte años. Este es su artículo:

Quizá aún se esté a tiempo

Aunque lo que concierne a la petición enviada a la Fiscalía Superior de Cataluña sobre el caso de Blanes de 1991 pueda parecer farragoso, en el fondo todo es bien simple. Hay unos delitos que no han prescrito, hay un sospechoso y hay medios para comprobar quien fue uno de los dos autores.

En principio, una violación cometida hace casi 20 años ya no es perseguible. Pero el plazo de prescripción puede alargarse hasta los 20 años bajo ciertas circunstancias que contempla la “letra pequeña” de la ley. En este caso: el hecho de que fueran dos los agresores y que estuvieran armados.

Dos asaltantes que hablan en “árabe” entre ellos, sin que uno de los dos hable español. Que abordan a las víctimas -una joven pareja- en despoblado, acusándolas de haber roto algo en las inmediaciones. Que agreden, maniatan y roban, armados con pistola y objetos contundentes. Que violan a la chica por turnos… Todo esto ocurre en Blanes en 1991.

Pero también en Olesa de Montserrat, veinte días antes. Uno de los agresores de Olesa pudo ser identificado y condenado: Antonio García Carbonell. A los desconocidos atacantes de Blanes se les oye decir “no matar” y repetir “Jeber, Jeber”. En episodios similares que tendrán lugar en 1995, García Carbonell y su acompañante no identificado usarán expresiones como “harva” y “jara no matar”.

Unos delitos no prescritos, un sospechoso y una prueba material que podría servir para acabar con la impunidad: los restos biológicos conservados en el Instituto Nacional de Toxicología. En su momento, la causa de Blanes fue archivada a falta de sospechosos. El ADN de la muestra no fue analizado, ni siquiera tras las condenas de Antonio García. Quizás aún se esté a tiempo.

Manuel Borraz es ingeniero y mantiene una web sobre el caso.

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La casualidad ha querido, y yo se lo agradezco, que la semana que había empezado con la fiscalía de Barcelona denunciando al director del Festival de Sitges por programar una película, A Serbian Film, en la que un actor violaba un muñeco con forma de niño, terminara ayer con un ciudadano de Hospitalet dando los últimos retoques a un texto que, de no surtir el efecto merecido, servirá al menos (y esto ya es una apuesta personal) para demostrar de nuevo que la fiscalía catalana actúa siempre en el interés superior de los menores, siempre que ese interés no supere el suyo propio: figurar.

A diferencia de esa fiscalía, Manuel Borraz, ciudadano ejemplar, no reclama justicia para ningún arquetipo informativamente relevante, mucho menos para su inencontrable imagen cinematográfica, sino para personas de carne y hueso. Lleva años intentando que se haga justicia con Ahmed Tommouhi, para quien el ex fiscal jefe José María Mena siempre reservó sus mejores recursos literarios, y con quien la justicia no ha hecho nada, salvo condenarlo por error y luego no acertar jamás a reparar el daño.

Pero no se trata de Tommouhi esta vez. Borraz exige ahora resarcir a una mujer a la que violaron cuando tenía 25 20 años, cuya agresión sigue impune y por la que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hace más de dieciocho años que no ha movido un dedo. Un cabo suelto que podría servir además para tirar del hilo de otras seis violaciones, algunas de ellas cometidas contra menores, de las cuales sólo uno de los dos autores ha sido condenado.

Pero vayamos por partes, porque de todo hace ya casi veinte años. Antes que nada: me trago con gusto mis palabras. En la página 343 de la edición española de Justicia poética (Seix Barral, 2010) [p. 254 para la edición argentina de Falsos testigos del porvenir] en el capítulo de la entrevista con el ex fiscal Mena, y a cuento de una violación cometida en Blanes en noviembre de 1991 y que seguía impune entonces como hoy, escribí:

“La coincidencia del modus operandi, de las descripciones de las víctimas, así como que se hubieran confundido al señalar a Mounib, como ya había ocurrido en Olesa, indicaba que García Carbonell era, por lo menos, una pista buena. Hoy, las muestras siguen intactas y ese delito ha prescrito”.

Las muestras provenían del frotis vaginal que se le practicó a la víctima de Blanes la noche de autos y están conservadas en el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid. Antonio García Carbonell esta condenado a más de 250 años de cárcel por seis violaciones cometidas en 1995 y una cometida cuatro años antes: se trata de ese caso de Olesa, donde primero habían sido condenados dos marroquíes injustamente (Abderrazak Mounib es uno de los dos), porque la chica se equivocó al identificarlos. Cuatro años después, gracias a una investigación de la Guardia Civil, el caso se reabrió y se demostró que los culpables eran García Carbonell y un pariente suyo que sigue sin ser identificado.

Pues bien, hace meses que Manuel Borraz me convenció de que seguramente me equivoqué al dar esa violación por prescrita. Por supuesto, no la di por prescrita: hice mis averiguaciones, pregunté a abogados y llegamos a la conclusión de que el delito, en efecto, había prescrito. Esa conclusión, sin embargo, se ha venido abajo desde que Borraz reparó en que puesto que la violación fue doble, esto es, que fue cometida, por turnos, por dos hombres distintos contra la misma víctima, y que además iban armados, podría elevar el plazo de prescripción hasta los veinte años (art. 180.2).

Eso quiere decir que prescribiría en noviembre de 2011 y que se está a tiempo todavía de analizar esas muestras y cotejarlas con el perfil del principal sospechoso que desde hace años, y hace meses también, maneja la Guardia Civil: Antonio García Carbonell, que pronto cumplirá dos tercios de su condena y podría empezar a disfrutar de permisos penintenciarios.

La Fiscalía de Cataluña tiene, pues, la oportunidad de mostrar que además de victimizar la imagen de la justicia, trabaja para que se haga justicia a las víctimas de verdad.

El tiempo corre contra nosotros.

(Mañana más)

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