Francisco Palenzuela y Juan Antonio Fernández, los dos ejidenses condenados por secuestrar y apalear a tres inmigrantes en diciembre de 1997, disfrutan desde octubre pasado de un régimen de semilibertad, un híbrido entre el segundo y el tercer grado recogido en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Palenzuela y Fernández, condenados en 2002 por la Audiencia de Almería a 15 años de cárcel y cuya sentencia ratificó el Supremo en marzo de 2004, ingresaron en prisión en agosto de 2005.
La Dirección de Instituciones Penitenciarias les denegó el tercer grado que para ellos había solicitado la cárcel de El Acebuche, donde cumplen condena: “soy psicóloga antes que directora”, declaró la directora de la prisión, Clotilde Berzosa, a EL PAÍS: “tanto uno como otro son muy sensibles, muy trabajadores”, añadió.
Los dos empresarios, que según una hermana de Palenzuela muestran un “profundo arrepentimiento”, no habían hecho frente a sus responsabilidades civiles (más de 36.000 euros en indemnizaciones a las víctimas) en diciembre del año pasado, diez años después de las agresiones. El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), apoyó a principios de este mes de febrero una nueva petición de indulto –denegado ya en dos ocasiones–, respaldada por el ayuntamiento de El Ejido y las 57.214 firmas de las que les hablaba ayer.
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Algunos torturadores argentinos eran tan “sensibles” que adoptaban a los hijos de las mujeres que torturaban.
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