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1.- Detrás del espectáculo suscitado por el proceso a Garzón y su investigación sobre los crímenes del franquismo, hay que fijarse en el punto ciego que el debate oculta: que técnicamente es inevitable que la política y el derecho acaben encontrándose (el concepto de estado de excepción sigue ahí para recordárnoslo).

2.-La interpretación de la ley que hizo Garzón para abrir su investigación (que puesto que lo que se investigan son «crímenes de lesa humanidad», los tratados internacionales suscritos por España están por encima de la Ley de Amnistía de 1977) se funda en el mismo gesto con el que el juez Varela lo procesa: pone nombre a las cosas. El gesto del juez Garzón es ciertamente original,  pero eso no quiere decir que se deba sólo ni principalmente a su «imaginación creativa», como sostiene Varela. Ahí estaban las desapariciones y los muertos del franquismo, y ahí estaban las definiciones del derecho internacional sobre lo que son crímenes de lesa humanidad: él dice que la cosa encaja en el nombre.  Y para mostrarlo, dedicó sus escritos a describir públicamente los hechos en tanto que crímenes contra la humanidad. El juez Varela, por su parte, dice que esa interpretación es prevaricadora: para decir eso, está diciendo, aunque sin decirlo, que las desapariciones y las muertes no coinciden con la definición de crímenes  de lesa humanidad; y lo dice, además, negando la posibilidad de que en el proceso puedan oírse otras voces que comparten esa interpretación. Esto es, escamotea su gesto fundamental (negar, sin afirmarlo, que pueda haber tal discusión). A partir de ahí, lo único que el juez Varela puede hacer para sostener su auto, es dar por hecho que las intenciones de Garzón nada tenían que ver con la plausibilidad de esa  interpretación. Y para mostrar la prevaricación se dedica principalmente a la introspección psicológica y a la lectura sintomática de Garzón y sus autos, sin que nada pueda verificarse fuera del mundo interior de cada uno.

3.- El patetismo del Partido Popular, llamando a las armas para defendernos del supuesto ataque a la democracia que supondría criticar las decisiones del Supremo, y dar a entender de paso que la Justicia es imparcial y ciega, y que nada tiene que ver por tanto con la política, esto es, con la guerra civil, deja traslucir precisamente su concepción contraria: que Garzón sea apartado les ahorra a ellos repetir que los crímenes del franquismo deben quedar impunes en base a una decisión política: la Ley de Amnistía. Enfrente, el reduccionismo de ciertos defensores de Garzón, para los que la Justicia en este caso es sólo política, se cubre señalando la identidad de los querellantes (la Falange, etc…), y subliman así su argumento porque tampoco se atreven a plantearlo directamente: ¿es hora de revisar ese pacto por el olvido?

4.-El asunto Garzón no ha despertado ningún proceso político. El proceso a Garzón, tal y como se nos plantea, sólo puede considerarse político en el sentido profesional y corporativista al que esa palabra se ha visto reducida: esto es, es político porque en él se dirime una lucha de clanes, sobre el ruido de micrófonos y plumas y el brillo de las togas. ¿Nada tienen que decir esos defensores de Garzón de los desvelos de la juez invertida, Margarita Robles, tan progresista, para que la suspensión le  llegue cuanto antes? ¿Nada tienen que decir los juristas Populares del auto nominativo del instructor Varela, escrito con estilo de sentencia? La ultraderecha –que no se acaba de creer que le hayan dado vela en su propio entierro– es la excusa perfecta (como leía el otro día en un blog privado) para que ciertos clanes (que incluye a políticos y jueces, y todos los que les cuelgan) se merienden al juez, o lo que para la nueva justicia es lo mismo, al personaje.

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