ladoblehélice

La continuación del periodismo, pero por otros medios.

La democracia de Madame Bovary

Jacques Rancière (Argel, 1940) es el filósofo de la emancipación. Pero lejos de emplearse en la elaboración de unas instrucciones de uso, como si hiciera falta explicar a los explotados las leyes de la explotación, Rancière ha recorrido casi siempre el camino inverso: él mismo se ha ocupado de estudiar las prácticas que los explotados desarrollan para emanciparse. De esos viajes, ha vuelto con una idea clara de dónde reside el potencial de la idea de la emancipación: “Si la igualdad tiene algún sentido, debemos pensarla como una igualdad de capacidad. Una especie de esfuerzo, en efecto, para actualizar y desarrollar la capacidad de inteligencia que hay en cada uno de nosotros”, dice.

Según este filósofo francés, discípulo inicial de Louis Althusser, su maître à penser en el París de los sesenta, pero contra el que poco después escribió, distanciándose radicalmente, La Leçon d’Althusser, la explotación no funciona por la ignorancia de las masas, como les gusta creer a las vanguardias revolucionarias. “Funciona como una evidencia. La desigualdad se da como algo que está ahí, en la medida en que la gente no siempre se pone de acuerdo para poder pensar y actuar de otro modo”, explica Rancière, invitado por el Museo Reina Sofía, la Universidad Complutense y la asociación cultural CRUCE para hablar de cine, estética y política.

Marxismo reciclado

La igualdad no es la meta, según explica en El maestro ignorante, una de sus obras más radicales: es el origen. Luego se trata de crear un escenario político para verificarla, en el que no cabe ninguna fosa entre los sabios y los ignorantes. “Al final, todo se resume en que construiremos mundos y formas de experiencia diferentes, según apostemos por la igualdad o por la desigualdad”, explicó a Público tras su intervención en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía. Lo que se había anunciado como una clase magistral, se desarrolló como un coloquio: cerca de 350 profesores y alumnos lanzaron sus preguntas al maestro francés.

Rancière, de quien este año se han publicado en español El destino de las imágenes (Politopias) y El espectador emancipado (Ellago ediciones), no sólo se distanció del marxismo de Althusser por sus premisas, también por el método. Ha rastreado la emancipación en lugares tan dispares como los archivos de las revistas obreras del siglo XIX, la literatura de Gustave Flaubert o el cine del director portugués Pedro Costa, con el que el viernes conversó en el Reina Sofía.

A su juicio, el arte, antes que una ilusión encubridora o una fuente de la falsa conciencia, es una descripción de la experiencia que puede interpretarse políticamente. “Una obra de arte siempre es contemporánea de un cierto régimen de experiencia estética”, dice al hilo de un ejemplo central en su obra, el de Madame Bovary. “Flaubert es contemporáneo de un tiempo donde las hijas de los obreros y de los campesinos buscan integrar en su vida los ideales del arte y de la pasión”, de ahí que cuando publicó el libro, aunque el autor insistiera en que se trataba sólo de arte, “la gente dijo que Madame Bovary es la democracia en literatura”.

El gran enemigo de la emancipación es el mismo de siempre: la necesidad. “Aquellos que hablaban de la necesidad del movimiento histórico hacia el socialismo, hablan ahora del movimiento histórico que lleva necesariamente al triunfo del libre mercado”, denuncia. “Y a quienes se oponen a la liberalización del mercado de trabajo o a la destrucción de la seguridad social se les tacha siempre de lo mismo: de que son gente retrógrada, reaccionaria, que se agarra a privilegios del pasado, o sea, que no están en la dirección de la historia. Toda esa retórica ha sido enteramente reciclada en provecho del orden dominante”.

Fuente: Público

Anuncios

Archivado en: Público

Jacques Rancière, en Madrid

Jacques Ranciére estará esta tarde,  a las 16.30 horas, en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (Metro: Ciudad Universitaria), para hablar sobre “Estética y política”.

Archivado en: Leer, escribir

El canon que casi nadie paga

La recaudación de la tasa por préstamos bibliotecarios ha caído un 96% cuatro años después de su aprobación

Durante 15 años, España hizo oídos sordos a la directiva europea que obligaba a las bibliotecas públicas a pagar un canon a los autores cuyas obras prestaban. En 2007, después del tirón de orejas de la Comisión Europea y ante la inminencia de una multa que se calculó entonces en 110 millones de euros, el Gobierno la integró en nuestra legislación para empezar a aplicarla. Pero salvo ese primer año, en que el Ministerio de Cultura se hizo cargo del pago, la inmensa mayoría de administraciones autonómicas y municipales ha hecho caso omiso de la ley desde entonces, según un informe al que ha tenido acceso este periódico. El año pasado, de hecho, sólo abonaron el canon Madrid y Navarra. Este año no ha pagado ninguna.

En 2007, el ministerio pagó 1.300.000 euros por el préstamo de obras sujetas a derechos de autor en las bibliotecas españolas, que las entidades de gestión repartieron entre escritores, músicos y demás artistas cuyas obras los usuarios se habían llevado a casa. La entidad que desde entonces se encarga de la recaudación, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), calcula reunir este año menos de 80.000 euros. El impago asciende a más de tres millones de euros en los últimos tres años. En España, los autores son los únicos beneficiarios de los derechos generados por el canon.

Los datos están recogidos en un informe técnico elaborado por CEDRO. Su presidenta, Magdalena Vinent, ha confirmado que se trata de un informe interno entregado al ministerio: “Es un informe puramente técnico que describe la situación tal y como está”, explicó Vinent a Público. “Hacemos informes técnicos porque estamos tutelados por el ministerio, lo extraño es que haya salido del canal administrativo habitual”, añadió.

El director general del libro, Rogelio Blanco, aseguró que su departamento “no lo ha recibido todavía”, aunque conoce su contenido: “A nadie le gusta soportar una tasa. Pero en la UE se está para lo bueno y para lo malo, no es un restaurante en el que puedas pedir a la carta”, dijo Blanco en referencia al origen comunitario de la norma. El último párrafo del informe advierte: “Nos vemos obligados a poner estos hechos en conocimiento de la Comisión Europea, a fin de que dictamine si la transposición de [la directiva] se ha llevado a cabo correctamente”. Vinent, sin embargo, asegura que ese paso no se ha dado todavía.

La razón por la que el Ministerio de Cultura sólo se hizo cargo del pago el primer año, según explica Blanco, es que la ley estipula que el canon deben pagarlo los titulares de las bibliotecas. El ministerio sigue abonando el de sus 52 bibliotecas públicas (de las que es titular, aunque las gestionan las comunidades autónomas). “En 2007, se aceptó como una excepción que lo abonara el ministerio, pero al año siguiente la legislación ya no lo hubiera permitido”, aclara.

¿Quién tiene que pagar?

En 2008, sólo Aragón, Madrid, Navarra y Murcia, abonaron la tasa correspondiente a sus bibliotecas. Andalucía y Castilla y León, que en un principio se habían comprometido a pagarla, no lo hicieron, “ya que no consiguieron plasmar jurídicamente esa asunción de un pago que en la práctica no les correspondía”, según explica el informe. “En el resto de comunidades, la gestión realizada no dio resultado alguno”, recoge el informe.

En la práctica, a Andalucía y a Castilla y León podría no corresponderles el pago del canon, porque en ambas comunidades el Gobierno regional no es el titular de las bibliotecas municipales, sino sus ayuntamientos. Esa es también la razón por la que las comunidades de Aragón y Murcia sólo pagaron en 2008: los titulares de las bibliotecas municipales en esas regiones son los ayuntamientos. Los ayuntamientos no lo han asumido. Los gobiernos de Madrid y Navarra están a tiempo aún de abonar la tasa de 2010.

España es el único país de Europa en el que el pago del canon corresponde en parte a los ayuntamientos, aunque por ley están exentos los municipios de menos de 5.000 habitantes. Es una deficiencia señalada por CEDRO: “Se ha creado un sistema de gestión absolutamente impracticable”, según el informe.

El pasado abril, CEDRO se dirigió por carta a los ayuntamientos. Sólo tres contestaron: “El de Salamanca, haciendo pública su protesta ante la prensa local; y los otros dos, Almería y Sevilla, informando de que hasta que no se publique el reglamento previsto en la normativa vigente, no tienen ninguna obligación de pagar este derecho”, detalla CEDRO en su escrito remitido al ministerio.

A la espera del reglamento

En efecto, tres años y medio después de haber sido publicada la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, que fue la que incluyó la directiva europea, el reglamento que debía concretar la cuantía y la manera de cobrar el canon sigue sin publicarse. “Hay un borrador, aunque no está aprobado. Esperamos que a principios de año pueda estarlo”, según Rogelio Blanco. Un borrador que propondrá, según Blanco, liberar a los ayuntamientos del pago, aunque no está claro que sea factible tal y como está redactada la ley. “Aspiramos a liberar a los ayuntamientos del pago del canon, si se puede”, explica.

Tras la reticencia de CEDRO a valorar públicamente la situación, a pesar de ser los autores del informe, se intuye un deseo de lograr antes la implicación del ministerio para solucionar el problema, que reclamar la intervención de nuevo de la Comisión Europea: “Hacemos una descripción de la situación para que se tomen las medidas oportunas”, admite Vinent. ¿CEDRO va a poner la situación en conocimiento de la Comisión? “No está decidido”, añade.

Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas desde 2004, recuerda que sólo la presión desde Bruselas logró que España, junto con otros países, como Francia, adoptaran la directiva europea sobre el préstamo bibliotecario aprobada en 1992. “Hasta 2006, algunos países que venían zigzagueando la aplicación de esa directiva, consiguieron eludirla, mientras que los países nórdicos, por ejemplo, la estaban cumpliendo. Así que se llegó a amenazar a esos países: en el caso de España, la multa podía ascender a 110 millones de euros”, explica.

El debate sobre la aplicación del canon generó una intensa campaña de rechazo, movilizando a bibliotecarios y bastantes autores, que temían que el canon debilitara aún más los frágiles presupuestos de las bibliotecas. La ley acabó aprobándose en junio de 2007. “La ley está para cumplirla, no podemos seguir instalados en la demagogia”, concluye Blanco. Desde entonces, la mayoría de administraciones públicas sigue incumpliéndola.

Fuente: Público

Archivado en: Público

Para ir al blog de ‘Justicia Poética’ pincha en la imagen

Escribe tu dirección de correo electrónico para recibir las nuevas entradas por mail.

A %d blogueros les gusta esto: