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El canon que casi nadie paga

La recaudación de la tasa por préstamos bibliotecarios ha caído un 96% cuatro años después de su aprobación

Durante 15 años, España hizo oídos sordos a la directiva europea que obligaba a las bibliotecas públicas a pagar un canon a los autores cuyas obras prestaban. En 2007, después del tirón de orejas de la Comisión Europea y ante la inminencia de una multa que se calculó entonces en 110 millones de euros, el Gobierno la integró en nuestra legislación para empezar a aplicarla. Pero salvo ese primer año, en que el Ministerio de Cultura se hizo cargo del pago, la inmensa mayoría de administraciones autonómicas y municipales ha hecho caso omiso de la ley desde entonces, según un informe al que ha tenido acceso este periódico. El año pasado, de hecho, sólo abonaron el canon Madrid y Navarra. Este año no ha pagado ninguna.

En 2007, el ministerio pagó 1.300.000 euros por el préstamo de obras sujetas a derechos de autor en las bibliotecas españolas, que las entidades de gestión repartieron entre escritores, músicos y demás artistas cuyas obras los usuarios se habían llevado a casa. La entidad que desde entonces se encarga de la recaudación, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), calcula reunir este año menos de 80.000 euros. El impago asciende a más de tres millones de euros en los últimos tres años. En España, los autores son los únicos beneficiarios de los derechos generados por el canon.

Los datos están recogidos en un informe técnico elaborado por CEDRO. Su presidenta, Magdalena Vinent, ha confirmado que se trata de un informe interno entregado al ministerio: “Es un informe puramente técnico que describe la situación tal y como está”, explicó Vinent a Público. “Hacemos informes técnicos porque estamos tutelados por el ministerio, lo extraño es que haya salido del canal administrativo habitual”, añadió.

El director general del libro, Rogelio Blanco, aseguró que su departamento “no lo ha recibido todavía”, aunque conoce su contenido: “A nadie le gusta soportar una tasa. Pero en la UE se está para lo bueno y para lo malo, no es un restaurante en el que puedas pedir a la carta”, dijo Blanco en referencia al origen comunitario de la norma. El último párrafo del informe advierte: “Nos vemos obligados a poner estos hechos en conocimiento de la Comisión Europea, a fin de que dictamine si la transposición de [la directiva] se ha llevado a cabo correctamente”. Vinent, sin embargo, asegura que ese paso no se ha dado todavía.

La razón por la que el Ministerio de Cultura sólo se hizo cargo del pago el primer año, según explica Blanco, es que la ley estipula que el canon deben pagarlo los titulares de las bibliotecas. El ministerio sigue abonando el de sus 52 bibliotecas públicas (de las que es titular, aunque las gestionan las comunidades autónomas). “En 2007, se aceptó como una excepción que lo abonara el ministerio, pero al año siguiente la legislación ya no lo hubiera permitido”, aclara.

¿Quién tiene que pagar?

En 2008, sólo Aragón, Madrid, Navarra y Murcia, abonaron la tasa correspondiente a sus bibliotecas. Andalucía y Castilla y León, que en un principio se habían comprometido a pagarla, no lo hicieron, “ya que no consiguieron plasmar jurídicamente esa asunción de un pago que en la práctica no les correspondía”, según explica el informe. “En el resto de comunidades, la gestión realizada no dio resultado alguno”, recoge el informe.

En la práctica, a Andalucía y a Castilla y León podría no corresponderles el pago del canon, porque en ambas comunidades el Gobierno regional no es el titular de las bibliotecas municipales, sino sus ayuntamientos. Esa es también la razón por la que las comunidades de Aragón y Murcia sólo pagaron en 2008: los titulares de las bibliotecas municipales en esas regiones son los ayuntamientos. Los ayuntamientos no lo han asumido. Los gobiernos de Madrid y Navarra están a tiempo aún de abonar la tasa de 2010.

España es el único país de Europa en el que el pago del canon corresponde en parte a los ayuntamientos, aunque por ley están exentos los municipios de menos de 5.000 habitantes. Es una deficiencia señalada por CEDRO: “Se ha creado un sistema de gestión absolutamente impracticable”, según el informe.

El pasado abril, CEDRO se dirigió por carta a los ayuntamientos. Sólo tres contestaron: “El de Salamanca, haciendo pública su protesta ante la prensa local; y los otros dos, Almería y Sevilla, informando de que hasta que no se publique el reglamento previsto en la normativa vigente, no tienen ninguna obligación de pagar este derecho”, detalla CEDRO en su escrito remitido al ministerio.

A la espera del reglamento

En efecto, tres años y medio después de haber sido publicada la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, que fue la que incluyó la directiva europea, el reglamento que debía concretar la cuantía y la manera de cobrar el canon sigue sin publicarse. “Hay un borrador, aunque no está aprobado. Esperamos que a principios de año pueda estarlo”, según Rogelio Blanco. Un borrador que propondrá, según Blanco, liberar a los ayuntamientos del pago, aunque no está claro que sea factible tal y como está redactada la ley. “Aspiramos a liberar a los ayuntamientos del pago del canon, si se puede”, explica.

Tras la reticencia de CEDRO a valorar públicamente la situación, a pesar de ser los autores del informe, se intuye un deseo de lograr antes la implicación del ministerio para solucionar el problema, que reclamar la intervención de nuevo de la Comisión Europea: “Hacemos una descripción de la situación para que se tomen las medidas oportunas”, admite Vinent. ¿CEDRO va a poner la situación en conocimiento de la Comisión? “No está decidido”, añade.

Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas desde 2004, recuerda que sólo la presión desde Bruselas logró que España, junto con otros países, como Francia, adoptaran la directiva europea sobre el préstamo bibliotecario aprobada en 1992. “Hasta 2006, algunos países que venían zigzagueando la aplicación de esa directiva, consiguieron eludirla, mientras que los países nórdicos, por ejemplo, la estaban cumpliendo. Así que se llegó a amenazar a esos países: en el caso de España, la multa podía ascender a 110 millones de euros”, explica.

El debate sobre la aplicación del canon generó una intensa campaña de rechazo, movilizando a bibliotecarios y bastantes autores, que temían que el canon debilitara aún más los frágiles presupuestos de las bibliotecas. La ley acabó aprobándose en junio de 2007. “La ley está para cumplirla, no podemos seguir instalados en la demagogia”, concluye Blanco. Desde entonces, la mayoría de administraciones públicas sigue incumpliéndola.

Fuente: Público

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Archivado en: Público

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