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La continuación del periodismo, pero por otros medios.

El referéndum de lo real: de Sarah Palin a Troy Davis

“Para probar la teoría de la vida hipócrita de Palin, el escritor asegura que la idílica imagen que Palin ha construido de ser una hockey mom modélica está muy lejos de la realidad. Puede que la hora política para la Casa Blanca de Sarah Palin haya pasado. Cuando McGinniss escribió el libro se daba por hecho que sería una seria contendiente dentro del Partido Republicano para luchar contra Barack Obama en 2012. Sea como fuere, quienes la detestan se creerán el libro a pies juntillas. Para quienes la idolatran… más propaganda liberal. Ustedes deciden.”

Palin, ¿infidelidad y drogas?: Yolanda Monge, El País, 18/09/2011

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“La pena capital está en tela de juicio tras lo sucedido en Georgia en la noche del miércoles (la madrugada del jueves en España), cuando Troy Davis fue ejecutado legalmente a pesar de que nunca hubo pruebas determinantes en su contra y de que la gran mayoría de los testigos que en el momento del crimen volvieron su dedo acusador contra él se retractaron luego de sus declaraciones.

[…]

Las encuestas dicen que un tercio de los estadounidenses creen que se ha ejecutado a un inocente.

Davis, símbolo contra la pena capital. Yolanda Monge, El País, 23/09/2011

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Gárgaras legales

Principios y derivas de la justicia poética (XII)

El último libro de Janet Malcolm, Iphigenia in Forest Hills: Anatomy of a murder trial, describe el campo de la justicia como una batalla entre dos relatos antagónicos en el que triunfa, no el que más se ajusta a la verdad de los hechos, sino el más consistente. Narrativamente hablando. Mucho de todo eso había ya en su anterior The Crime of Sheila McGough. 

Eso es más o menos lo que yo quise atrapar también con la expresión “justicia poética”. Hay un rasgo, sin embargo, que Malcolm subraya (y sobre el que, de hecho, la neoyorkina ha levantado toda su obra, según esta crítica del Guardian), en el que yo no había reparado lo suficiente y que ahora se me aparece como decisivo a la hora en que los jueces se sientan a escribir sus sentencias. Si luego sus relatos aparecen a veces tan llenos de costuras, torpes atajos con los que buscan mantenerse pegados al tejido de lo real, pero que los acaban devolviendo siempre al interior del texto de la sentencia, no es sólo por pereza, falta de verificación, o soberbia. Por encima de todo eso despunta nuestra inclinación para el autoengaño.

Salvo Manuel Borraz, que es quien me lo ha recordado a mí, nadie se acordará ya de Touhami Handaoui, un marroquí que murió a finales de julio pasado en un hospital de Teruel. Estaba preso, llevaba cinco meses en huelga de hambre y dos años y  medio condenado por una agresión sexual que había sufrido una chica en una urbanización de Torrevieja, Alicante, el 28 de diciembre de 2003. Handaoui, albañil, soltero [según la sentencia, aunque con esposa e hijo según El País] y sin familia en España, habría cumplido 41 años el 1 de octubre próximo.

Los artículos que Marta Garú escribió en el Heraldo de Aragón durante el último mes de vida de Handaoui, y el que publicó post mortem Jesús Duva en El País, son los únicos reseñables de un inventario que se reduce a una lista de teletipos, corta y pega y descanse en paz. (En fin, para quien se lo pregunte: yo supe de esta historia cuando ya no trabajaba en Público). Ninguno, sin embargo, llegaba a encararse con el hechizo del caso y su aterciopelado encaje en el autoengaño colectivo.

Digo autoengaño colectivo porque, contra lo que pueda parecer, a nadie debería tranquilizar que se condene a un hombre  (por mucho que sea moro y esté solo) por violación (por mucho que la víctima esté convencida de que él es su agresor) sin que la investigación haya movido un dedo para contrastar la palabra que lo señala. Sobre todo si, contra el señalamiento, consta en el expediente que el semen recogido de la ropa que la chica llevaba puesta aquella noche del día de los inocentes, era de otro hombre. Y aunque la víctima tenga 13 años.

Menos aún debería tranquilizarnos que eso pueda pasar sin que nadie haga públicos, para empezar, los nombres de los tres máximos responsables: D. José de Madaria Ruvira, Dña Gracia Serrano Ruiz de Alarcón y D. José Teófilo Jiménez Morago, el ponente, que firmaron su sentencia el 23 de febrero de 2009, en Elche. Handaoui murió el 24 de julio pasado protestando contra esa condena.

Y digo que no se encaran con su hechizo central, a pesar de que en sus artículos, Garú hiciera constar que:

Llama la atención, sin embargo, que la única prueba biológica –un resto de semen– que se recogió en la cazadora de la víctima no corresponda con el acusado.,

porque esa frase incisiva, con la que Garú abre el último párrafo, se diluye luego entre todas las comillas con las que sostiene el argumento del tribunal: que es “irrelevante”, que “no afecta” a la credibilidad de la víctima, o que la cazadora era de una “amiga íntima”, como si el hecho de que fuera “íntima” normalizara el que se la pudiera haber prestado manchada de semen.

Y muy a pesar también de que Duva contara en el suyo la escalofriante estupidez con la que nuestro Estado de Derecho confunde la investigación con la casualidad, cuando de detener a un cabeza de turco se trata:

Fue al cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja (Alicante) para realizar un trámite relacionado con su coche… y allí mismo fue apresado. Una menor que estaba en el cuartel reconoció su voz y desde el primer momento le acusó de ser el hombre que le había violado.

Empezamos bien, debieron pensar los agentes.

Los dos artículos, sin embargo, al glosar el razonamiento del tribunal dejan de lado la pista central. Los lectores de este blog ya conocen la cháchara: que si lo describió “con precisión“, que si las “500 fotografías” que había en el álbum, o que si los lamentos del abogado defensor porque el acusado “apenas le facilitó pistas o datos que sirviesen para desvirtuar las acusaciones del fiscal”. Ya sabemos que la justicia poética adorna siempre la culpa de sus cadáveres, después de  condenarlos porque no han logrado demostrar su inocencia.

Y lo más importante tampoco es cómo justifican su conclusión de que el semen de la chaqueta no tenía nada que ver con la felación de Torrevieja:

“distinto hubiera sido que la muestra de semen se hubiera obtenido en la boca de la menor”,

se lee en la sentencia. Porque, si tan finos eran los jueces y el fiscal, como para preferirlo en boca, que acartonado y seco, dado que además la chaqueta era de una amiga “que tenía un amigo aunque no sabe si mantenían relaciones sexuales”, bien podrían haber llamado a la amiga para preguntarle si las mantenía y si cuando se la prestó, iba manchada. Si hubiera dicho que quizá sí, tendrían que haberle preguntado el nombre del amigo, y una vez localizado, comparar su código genético con el de la mancha: y sólo entonces descartar, de confirmarse la coincidencia, la duda razonable que sobre la culpabilidad de Touhami Handaoui ese dato introducía. Pero claro, la amiga “se marchó a Murcia perdiendo el contacto”, así que los investigadores [ahora releo “investigadores” y me da la risa] prefirieron condenar al moro antes que marcar el prefijo de la provincia limítrofe, incluso si también empieza por 96. El Fiscal se llamaba José Antonio Artieda Gracia.

En fin, nada nuevo y nada que me hubiera hecho volver otra vez a esto, porque habiendo aceptado ya que lo relevante es lo a gusto que nos quedamos sabiendo, en este tiempo de barra libre, que alguien ha pagado por algo, ¿a qué interrumpir la siesta de los justos? Pero sí hay algo nuevo, o por lo menos algo que sólo ahora veo con su justa relevancia: lo importante son las gárgaras.

Las gárgaras con las que el ponente se autoengaña hasta creerse que la fuente del derecho mana por su boca:

Por otro lado, la credibilidad que merece la declaración de la víctima para este Tribunal no se ve afectada por el informe del Instituto Nacional de Toxicología (folios 93, 94, 146, 147 y 148) en el que se sostiene que el vestigio de semen aparecido en la cazadora de la víctima no pertenece al procesado, ya que resulta completamente irrelevante en lo que concierne a la calificación y punición del hecho delictivo, como en lo que atañe a la autoría del mismo. Lo primero porque el tipo penal no exige la eyaculación para su consumación”.

Lo segundo, por lo que ya he explicado del semen, la boca y la chaqueta.

Así que acabemos con lo primero. “El tipo penal no exige la eyaculación para su consumación”. Traduzco: no hace falta que eyacule para que los hechos deban calificarse como violación. Así que, en efecto, la muestra resulta “completamente irrelevante” para la “calificación” del hecho delictivo, pero nunca, y aquí es donde patina su prosa engrasada, puede resultarlo para “la punición del hecho delictivo”. Es así como el diminuto cuerpo del condenado, que aparentemente está sólo en la segunda parte del razonamiento, es encajonado a la fuerza, como en un viejo número de circo, en la primera. Porque no puede haber punición, castigo, sin castigado, y para llegar a él, en caso de violación, no hay prueba más determinante que el semen recogido en el cuerpo o las ropas de la víctima.

Pero, ¿cómo  va a ser irrelevante en un caso de violación la identidad del semen analizado? No puede serlo, desde luego, pero tiene que serlo: y de ahí toda esa gimnasia lingüística para que parezca normal lo inconcebible. Ésa es la descomunal fuerza con la que el autoengaño nubla la vista de los jueces y deforma la sentencia, que dictan a tientas. Frente a eso, que insistan además en que la muestra era “escasa”, como si importara el tamaño, es una gota de tinta en el océano. Tan inútil como esta entrada.

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Police Lineups Start to Face a Fact: Eyes Can Lie

By  and   Published: August 28, 2011

The decision by New Jersey’s Supreme Court last week to overhaul the state’s rules for how judges and jurors treat evidence from police lineups could help transform the way officers conduct a central technique of police work, criminal justice experts say.

In its ruling, the court strongly endorsed decades of research demonstrating that traditional eyewitness identification procedures are flawed and can send innocent people to prison. By making it easier for defendants to challenge witness evidence in criminal cases, the court for the first time attached consequences for investigators who fail to take steps to reduce the subtle pressures and influences on witnesses that can result in mistaken identifications.

“No court has ever taken this topic this seriously or put in this kind of effort,” said Gary L. Wells, a professor of psychology at Iowa State University who is an expert on witness identification and has written extensively on the topic.

Other courts are likely to follow suit, and in November the United States Supreme Court will take up the question of identification for the first time since 1977.

But changing how the nation’s more than 16,000 independent law enforcement agencies handle the presentation of suspects to witnesses will be no easy task, many experts say.

Around the country, the notion of change has met with resistance from police officers who remain skeptical about the research and bridle at the idea that they could affect the responses of witnesses, even unintentionally, which studies find is how most influence occurs.

In many communities, lineups are conducted in the same way they have been for decades, although typically these days they involve photos, not actual people. According to some estimates, only about 25 percent to 30 percent of jurisdictions have police departments that have revised their policies to protect the integrity of lineup procedures.

Although some states are studying revisions or require single changes in procedure, only two — New Jersey and North Carolina — mandate the two practices that researchers regard as most important: lineups that are blinded, that is, administered by someone who is not familiar with the suspect and who is not one of the primary investigators on the case; and photo arrays that are presented sequentially rather than as a group. Both practices, studies find, decrease the pressure on witnesses to pick someone and guard against influence.

The idea that human memory is frail and suggestible has gradually gained acceptance among leaders in law enforcement, buttressed by more than 2,000 scientific studies demonstrating problems with witness accounts and the DNA exonerations of at least 190 people whose wrongful convictions involved mistaken identifications. About 75,000 witness identifications take place each year, and studies suggest that about a third are incorrect.

Model policies for changing lineup procedures have been created by professional organizations like the International Association of Chiefs of Police, and in 1999, the National Institute of Justice released guidelines that were sent to every police department in the United States.

But the process of reform, Dr. Wells said, is “all over the place, it’s very spotty.” He added that he suspected many police departments simply deposited the federal guidelines, which he helped develop, “into their round files.”

Some large departments, like those in Dallas and Denver, have already made changes, often under the leadership of an administrator eager to keep up to the national standard or after DNA exonerations revealed mistaken identifications.

In Dallas, for example, detectives take elaborate precautions to make sure that identifications remain untainted and that they will stand up in court.

Witnesses are sent to a special unit of the Police Department devoted entirely to lineups, where they are read instructions and shown photographs by trained lineup officers who have no relationship to the cases.

Photos are presented one at a time instead of all together, and the witnesses then indicate how confident they are in their judgments. The whole process is videotaped, so that it can be viewed by defense lawyers and by the court, if necessary.

Lt. David Pughes, commander of the department’s homicide unit, said 5,000 lineups had been conducted in this manner since April 2009, when the policy was instituted, a major departure from the days when the investigating officers in criminal cases conducted lineups and no consistent procedures were followed.

Initially, Lieutenant Pughes said, the new practices were resisted by detectives, who felt that their integrity was being challenged.

“The only way to overcome that was through an elaborate training program that talked about memory and physiology and all different types of things,” he said. After the training, he added, “I could see that the lights were going on.”

The Denver Police Department adopted similar revisions six years ago, after “we looked at what we were doing and felt it was too suggestive,” said Lt. Matthew Murray, an aide to the department’s chief.

“A lot of law enforcement has a ‘sky is falling’ mentality,” Lieutenant Murray said of the resistance to changing witness procedures. “But we have found that in practice, these things don’t impact cases negatively, and actually have just the opposite effect.”

But 15 miles away, in Aurora, Colo., little has changed. Sgt. Cassidee Carlson, a Police Department spokeswoman, said the department had no written policy and did not follow the National Justice Institute guidelines because there was no state mandate to do so.

Lineups in Aurora, she said, are usually conducted by the officers investigating the cases, and although witnesses are admonished to take care in their identifications, no consistent steps are taken to prevent influence.

“For now, everybody’s satisfied,” Sergeant Carlson said. “This is the system we have in place, and it works with our court system.”

Ron Waldrop, a former assistant chief in charge of investigations in Dallas who instituted the changes there, said most departments do not make changes until wrongful convictions or other problems become an issue. And small departments in particular are unlikely to have changed their procedures.

“You have a lot of 10-man departments in the United States, and nobody really knows what they’ve done, if anything,” he said.

In an effort to find out, the Police Executive Research Forum has begun a survey of lineup practices in more than 1,400 randomly selected police departments around the country. The results are expected later this year, said Jerry Murphy, the survey’s lead investigator.

Mr. Waldrop, who is serving as an adviser on the survey, said his own suspicions about the flaws in witness procedures began during the 17 years he spent as commander of the Dallas department’s homicide division.

In some cases, he said, detectives would give small facial cues when a witness picked the suspect they had in mind, or tell the witness to pick “the person who most resembles” the one they had earlier seen commit the crime. And sometimes witnesses to the same crime would identify different suspects.

“There were things I saw in practice by detectives that were unintentional that I knew needed to be rectified through standards and training,” Mr. Waldrop said.

Yet even in departments that have enacted changes, police officers sometimes fail to comply with the new procedures. Stanley Z. Fisher, a law professor at Boston University, did a pilot study on compliance with changes in two jurisdictions in Massachusetts. He found that in Middlesex County, for example, where police officers are urged but not required to conduct blinded lineups, they recorded doing so in only 2 of 11 photo arrays.

The resistance to changing the witness identification process has not been limited to police officers, criminal justice experts say. District attorneys and judges have also been slow to recognize the weight of the evidence that the process is inadequate.

Brandon L. Garrett, a law professor at the University of Virginia whose book, “Convicting the Innocent,” was cited by the New Jersey Supreme Court justices in their ruling, said that judges often blocked testimony about studies that demonstrate problems with witness evidence.

“Judges say it’s either too complicated, abstract and unconnected for jurors to understand, and other times they say it’s too simplistic,” Mr. Garrett said.

As a result, there is often little or no counterbalance to the impact that vivid witness accounts have on juries.

And, said Stephen Saloom, the policy director for the Innocence Project, “every time you wrongfully convict an innocent person, you have failed to convict the real person, who will possibly go on to commit more crimes.”

Fuente: The New York Times

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