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La continuación del periodismo, pero por otros medios.

Justicia Poética está en las librerías

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Poco más de un mes

El libro estará en las librerías españolas a finales de enero. He cambiado el título. Y estoy muy contento: Falsos testigos del porvenir era mucho más oscuro que Justicia poética. Los dos recogen bien el tiempo del que habla, pero el de la edición argentina lo hacía sólo calificando a sus funcionarios, que levantan acta del mundo como si el mundo fuera una hoja en blanco. Este de la edición española anuncia mejor el estilo y el tema del libro, que es para lo que sirven los títulos. Y es, aun con todas sus ambigüedades, más transparente. La portada de Martín Elfman, como ya dije, creo que  ilustra a la perfección la tesis del libro. Tanto, que incluso contiene la doble lectura que el texto no llega a desarrollar del todo y que no sé si alguna vez escribiré. Los párrafos de la contraportada mejoraron mucho después de pasar por las manos de Arantxa Martínez. En fin, que no me importaría que me juzguen no sólo por el contenido, sino también por la forma del libro, cosa que agradezco a Elena Ramírez, editora de Seix Barral, hacia donde un mensajero se acaba de llevar las pruebas corregidas.

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Edición española

La versión española de Falsos testigos del porvenir aparecerá  en febrero de 2010, publicada por Seix Barral.

Así que ahora que empiezo a trabajar con vistas a esa reedición, y trabajaré hasta que termine agosto, agradezco los comentarios, sugerencias y correcciones que los lectores de la edición argentina quieran dejar aquí.

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El libro está en la calle

Falsos testigos del porvenir ya está disponible aquí.

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La desaparición del público (bosquejo)

1.- (El público). Los juicios pactados que van imponiéndose como la forma más habitual de administrar justicia –en España más de la mitad de los penales se resuelven ya por acuerdo entre las partes—más allá de las ventajas e inconvenientes prácticos que puedan atribuírsele, sellan un principio teórico indiscutible que pocas veces se advierte: la irrelevancia del público. La justicia administrada mediante acuerdos, por mucho que sean públicas la instrucción y la sentencia, se desprende del público, de su función y garantía epistemológicas. El público no es sólo la fuente de legitimidad en cuyo nombre se dicta sentencia –el “S. M. el Rey” es sólo su concreción simbólica, un signo–, es también el ojo común que puede fiscalizar la representación de lo ocurrido. Si la justicia ha tenido que abrirse, desde el oscuro rincón medieval donde se obtenía la verdad por confesión del acusado, hasta la retransmisión en directo y por televisión del juicio del 11-M es también porque se sobreentiende que la verdad que el tribunal tenía que dilucidar no escapaba a la razón común, sino que era una verdad al alcance de cualquiera, y que por tanto podía dilucidarse a la vista de todo el mundo. “Una verdad empírica, pública e intersubjetivamente controlable”, según los términos de Ferrajoli. Nadie, por más que pueda pervertirse esa garantía de lo mismo que en orígen era la convicción del juez, puede pretender que una condena basada en la íntima convicción del juzgador, en un motivo incomunicable, sea justa. La justicia trabaja con la hipótesis de que se puede obtener esa verdad comunicable, intersubjetiva y cierta. Todo eso ha desparecido en los juicios a consenso, porque lo único que debe comunicarse es el acuerto en sí, no el fondo real sobre el que se recorta, pudiendo negar así que algo ha ocurrido, aunque haya ocurrido, y todo el mundo lo sepa. Lo más habitual, sin embargo, es que se pacte que ha ocurrido algo, a pesar de que nadie haya visto nada. Nadie que no sea una de esas figuras que condensan y a la vez subliman, el fantasma del público. Los arrepetidos o los testigos protegidos son el ejemplo de mayor proyección internacional. Las víctimas de delitos sexuales en España, sobre todo si son menores, encajan sin desmerecerlo en ese mecanismo de la ausencia: su palabra suele sustraerse a la discusión común, y así revela una verdad incomporable. No digo que no haya psicólogos, psiquiatras incluso expertos forenses que la certifiquen, pero se trata sólo de un análisis interno de su coherencia, que no se compara con la incoherencia del mundo. Los juicios a puerta cerrada, como este de Tarragona, escenifican dicha desaparición.

2. (Subir las persianas) Las víctimas en general, y las víctimas de delitos sexuales, muy en particular, reclaman el anonimato. Los juicios a puerta cerrada son una consecuencia directa de esa idea tan extendida de que respetando su derecho a la intimidad, estamos poniéndonos de su parte. Más allá de las cuestiones que plantea esa desaparición del público como juez de los que administran justicia, que es un problema político de graves consecuencias jurídicas, no estoy ni siquiera seguro de que ese sagrado anonimato sirva a su pretendida intención de proteger a las víctimas.

El crimen es una forma de negación. No sólo física. Estos que violaban, parece una obviedad que necesitaban primero reducir al otro a lo que ellos imaginan que es. Esta idea está presente en la mayoría de las declaraciones de las víctimas, las de La Secuita con incisiva evidencia. El insulto parece una forma de facilitarse el crimen, o por lo menos lo precedía a menudo. En consecuencia, la réplica de las víctimas, redoblaba los insultos y los golpes que recibían. Los violadores pedían sobre todo dos cosas: que las chicas se callaran, o que repitieran lo que ellos querían oír: que eran “unas guarras”, por ejemplo. Las dos redundan en lo mismo: en negarlas.

La violación sigue siendo, en gran medida, un tabú. Por supuesto que entiendo que las víctimas no quieran mostrarse en público. Nadie en su sano juicio puede pretender que no sea compresible. El dolor no puede ponerse en común. Lo que no tengo tan claro es que se trate de una decisión estrictamente personal. Un tabú es un silencio generalizado. El trauma sufre el tabú en carne propia.

Un silencio generalizado, pero también una forma de estar de acuerdo, sólo que secretamente compartida. Que no es lo mismo. Apuesto a que nadie aplaudiría con tanta firmeza ese tabú como el médico aquel que trató a las chicas de La Secuita “como si fueran unas frescas”, según contó uno de los padres al juez. Quien más allá de comprenderlo, defiende ese silencio como un acto de reparación con las víctimas, en el fondo comparte el mismo fetichismo impotente que el violador: que las chicas tuvieron su parte de culpa. Sólo quiero reiterar con esto que comprendo el trauma, pero que no he movido un dedo por el tabú. Las he llamado por teléfono y les he escrito. Sólo G., una de las chicas de Cornellà, aceptó hablar en más de una ocasión: en dos.

3.- (La víctima absoluta). Otra cosa es la figura jurídica que sobre la alfombra de ese tabú camina. El mal absoluto que cada vez más representa el agresor sexual, mucho más absoluto si pederasta, fragua su correspondencia lógica: la víctima absoluta con un derecho ilimitado a que se repare su daño. El derecho ilimitado y el no-derecho, sin embargo, son lo mismo, y su reivindicación difumina muchas de las fronteras sobre las que se sostiene el ejercicio y la posibilidad de la justicia: el viejo Hágase la Justicia y perezca el mundo está de actualidad. Lo peor de la gran inversión que propugnaba Margarita Robles en 1991: “Como jurista pienso que lo que no se puede hacer es invertir el enjuiciamiento y exigir a la víctima que demuestre su inocencia.”, es que probablemente ha triunfado. La imposibilidad ontológica de demostrar la inocencia, que es lo que está pidiendo esa reinversión, deja al acusado, a falta de evidencias fácticas que alcancen al entendimiento del tribunal, a expensas del convencimiento de quien lo acusa. La distancia entre los hechos y el derecho, ese reducto en el que se mueven los jueces, los periodistas y el público de toda verdadera democracia, es el primer límite que clausura la pretensión de que la palabra de la víctima debe sustraerse a la discusión común y el escrutinio público, como si la culpabilidad estuviera siempre fuera de toda duda. El único argumento de las víctimas que es indiscutible, sin embargo, es éste: “Estoy convencida”. El resto deben estar expuestos al mundo con el que, quieran o no, limitan.

El “informe” confindencial de O.

Tommouhi, los notarios, Artur Más y la televisión.

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Bellísimo momento

Tres años y medio después, tiempo que en el que no has hecho otra cosa, casi siempre en silencio, que reunir materiales como un loco para que no te tomen por loco, para que tu voz no clame sola en el desiero, sino que sea palabra que sale al encuentro seguro de quien quiera escucharla, examinarla, discutirla y llegado el caso revocarla, cuando llega ese momento, este momento, sientes una emoción limpia, sincera, justa y un cierto descanso por merecer todo el trabajo que aún queda por hacer. Empiezo a escribir el capítulo de la década prodigiosa, esos diez años transcurridos desde que el Fiscal Mena pidió el indulto; de momento sólo voy reuniendo, cortando y pegando, los fragmentos, las cartas, las citas, por orden (¡siempre!) cronológico. Llego a diciembre de 2005: hasta ahora, los sucesivos responsables ministeriales habían optado por no responder nada que fuera una respuesta, pero en diciembre de 2005 empezaron a hablar, y fue ahí cuando se cayeron con todo el equipo: recuerdo, antes incluso de transcribirlas, todas las mentiras que dijeron, en las cartas al director, en la SER, en la entrevista en EL PAIS; saber que, como en el capítulo de Olesa, bastará sólo con ordenarlas –aunque aquí habrá que engrasar los saltos de párrafo– para que se vea cuán miserables son, sólo eso me produce un placer, este sudor en las manos, palpable. La venganza sabe mucho mejor cuando es impersonal.

Es la 01:52.

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Un turista en el Centro de Internamiento

Leandro Pazos aterrizó a las ocho de la mañana del lunes 10 de noviembre en el aeropuerto de El Prat con 1.500 euros y 600 dólares en metálico, una tarjeta de crédito, una reserva de hotel y un billete de vuelta para el 15 de diciembre. Estuvo internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona hasta que lo expulsaron el sábado pasado. No traía carta de invitación.

Leandro es argentino. El consulado español le había informado de que, teniendo la reserva de hotel, no era necesaria la carta. La policía, al comprobar que la reserva no cubría toda la estancia, lo detuvo y solicitó su internamiento. El sábado un avión de Aerolíneas Argentinas lo llevó de vuelta a Buenos Aires.

Norman Cilento, argentino como Leandro pero con nacionalidad española, acudió al juzgado para responder legalmente como anfitrión hasta que lo devolvieran. La juez,  María de las Nieves Osuna García, decretó su internamiento hasta que despegara el avión.

Leandro ya está en Argentina, decidido a emprender acciones legales contra el Gobierno español. Su periplo, sin embargo, deja un serio y legítimo interrogante: ¿puede la administración española detener e internar –hasta 40 días– a cualquier extracomunitario que intente entrar legalmente en el terriotorio nacional?

El retorno está previsto cuando la entrada se intenta ilegalmente: como los africanos de los cayucos, por ejemplo. La expulsión, cuando se está irregularmente en España: como los turistas que prolongan su estancia más allá de lo que les autoriza el visado, se me ocurre.

Esta nueva figura que parece dibujarse por la vía de los hechos consumados, que sólo por aterrizar en un país estés sometido al poder discrecional de su policía, sin posibilidad de frenar sus acciones judicialmente, constituye una verdadera e inquietante novedad que va normalizándose.

Que haya sido atendido por un abogado de oficio no cambia lo fundamental: ¿se habría suspendido la repatriación hasta que se resolvieran los recursos, de apelación, por ejemplo? La respuesta, con la ley de extranjería y la experiencia en la mano, es no. La tutela judicial, por tanto, no se ha hecho efectiva.

El traslado de las condiciones de excepción jurídica que gobiernan las zonas de espera de los aeropuertos hasta los centros de retención a las afueras de las ciudades supone una reciente deslocalización del derecho y la ciudadanía.

La confusión entre un procedimiento y otro, el de retorno y el de expulsión, no inquieta tanto por la parte de los turistas. El problema es que esa expulsión en clase preferente, sin derecho a tutela judicial efectiva, puede también aplicarse a los que viven y trabajan aquí irregularmente.

Un amigo de Leandro que lo visitó en el Centro de Internamiento de la Zona Franca grabó este vídeo. El “no se pueden hacer fotos” del final aconseja hacerlo público.

 

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Pájaro no-azul

Si al leer el título de esta entrada, lo primero que se les viene a la cabeza es un pájaro azul, entonces García Calvo llevaba razón y yo entendí lo que razonaba.

Agustín García Calvo mantiene una tertulia desde hace 40 años. Empezó, creo, en la calle del Desengaño, antes de que lo echaran de la universidad, y ahora está en la Sala La Cacharrería del Ateneo,  en Madrid. Durante su exilio, se la llevó a la Boule D’Or, entre ontólogos y delincuentes que vivían en París. La mejor descripción que yo he leído sobre esa tertulia está –mal que le pese a Bea– en Mira por dónde, las memorias de Fernando Savater, asiduo durante los años en que allí leían a los presocráticos. Savater llega a decir que aquello fue, junto con las clases de Lévi-Strauss, la experiencia intelectual más deslumbrante a la que ha asistido.  

Durante un tiempo, los miércoles por la tarde dejaba lo que estaba haciendo y me iba para allá antes de las 20:30. Si Ferlosio dice que a él lo que le gusta es tejer, no hacer jerseys; de García Calvo podría decirse que lo único que le entretiene es destejerlos. Así que procura hablar contra cualquier cosa de la que se pueda hablar, porque de lo verdaderamente bueno no se habla. Lógicamente.

Una tarde estaba hablando, me parece, de cómo la filosofía y la ciencia son ejercicios al servicio de la positividad: que todo lo que dicen contribuye, fundamentalmente, a realizar aquello de lo que hablan, incluso cuando pretenden criticarlo. Que le parecía que el caso de lenguaje que mejor servía a la negatividad buscada sería la poesía, y que ni siquiera. 

Todo eso oía yo sin entender nada del todo, cuando puso un ejemplo que me pareció clarísimo. Incluso cuando decimos pájaro no-azul, es inevitable que imaginemos, precisamente, un pájaro azul, vino a decir. 

Bueno, pues de eso me acuerdo cada vez que leo el interrogatorio al que sometió el juez de guardia, Andres Salcedo Velasco, a Tommouhi y Mounib el 14 de noviembre de 1991. Este runrún:

-Preguntado sobre si se reconoce autor de la violación de G. S. y N. F. sobre las ocho del 8-11-91 en  Esplugas, [manifiesta] que no ha estado nunca en ese pueblo y que no ha cometido el hecho.

Preguntado sobre si se declara autor de la violación de S. V. y R. B. el 10 de noviembre de 1991, digo 9 de noviembre de 1991, en el campo de fútbol de La Secuita (Tarragona), [manifiesta] que no tiene coche y que nunca ha estado en La Secuita ni conoce Tarragona.

Preguntado sobre si se reconoce autor de la violación de J. R. a las 0:30 horas de noviembre de 1991, en la carretera de Las Cabañas a la Pelegrina de Vilafranca del Penedès, manifiesta: que nunca ha estado en ese pueblo ni lo conoce.

[Etc, etc.]

Así hasta siete veces. Dejo a un lado ahora que el juez no sabía ni el día en que se habían cometido alguna de las violaciones (las de “Esplugas” –Cornellà, en verdad– habían ocurrido 24 horas antes de lo que dice el enunciado de su pregunta), lo que, por cierto, tuvo graves consecuencias en este caso –el acusado no tenía ese viernes 8 la coartada que sí tenía el día anterior: el jueves había vuelto antes a casa de su hermano–; y que da por violadas a chicas, como J. R., y más abajo de lo que reproduzco aquí, a  Y. S. de Terrassa, que nunca lo fueron. Es excesivo incluso para un juzgado de guardia.

Un esfuerzo de abstracción para trasladarse a 1991, cuando nadie sabía  lo que sabemos hoy –nadie salvo los acusados–, y se ve cómo la propia formulación de la pregunta, esa repetición monótona del término “violación”, interpelándolos, contribuye a realizar la sospecha de que, efectivamente, ellos eran los violadores. Decir es hacer, y es diciéndolo como va uno haciéndose a la idea.

Luego está el otro problema: las posibilidades de respuesta que brinda ese tipo de preguntas no permiten en ningún caso distinguir a un inocente que dice la verdad de un culpable que miente, pues ambos dirán que “no”, lo cual es absolutamente indemostrable.

Al revés te lo digo para que me entiendas: “¿dónde estaba usted el 5 de Noviembre a las 23.00 horas?” El culpable y el inocente podrían así empezar a distinguirse, explicando dónde estaban, qué hacían, con quién, desde cuándo y cómo habían llegado hasta allí, variantes que, ahora sí, despliegan una serie de coordenadas que sirven no sólo para cribar la coherencia del relato, sino sobre todo, para verificar su correspondencia material.  

Una última antigualla: El interrogatorio  debería ser antes que nada un derecho del imputado: “tiene la única función de dar materialmente vida al juicio contradictorio y permitir al imputado refutar la acusación o aducir argumentos para justificarse” (Ferrajoli, Derecho y Razón. Trota: p. 607)

Da vergüenza tener que volver sobre algo que sabe hasta el último lector de novela policíaca. Pero hasta ahí hay que bajar para darle la vuelta, en este caso, a este Estado de Derecho y este Mundo del Revés.

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“Vale, no me peguéis más: soy un elefante”, dijo el conejo

El Acido Desoxirribonucléico (ADN) fue descodificado por primera vez para identificar a un violador en 1987. Colin Pitchfork, un panadero de Narborough, en el condado de Leicester (Inglaterra), había violado y asesinado a dos chicas del pueblo en 1983 y 1986, y así quedó probado gracias a la huella genética y a un amigo suyo que hablaba demasiado.
 
El primer sospechoso que manejó la policía, Richard Buckland, tenía 17 años, era del pueblo, conocía a Dawn Ashworth, la segunda víctima, y en los interrogatorios había desvelado detalles sobre el cuerpo de la chica, de 15 años, que llamaron la atención de los investigadores. Buckland acabó confesando, en interrogatorios posteriores, que él había asesinado a Dawn, aunque no admitió el asesinato de Lynda Mann, también de 15 años.
 
Tres años antes, Alec Jeffreys, un genetista de la Universidad de Leicester, había descubierto por casualidad que aunque la secuencia completa de ADN en su inmensa mayoría es común a todos los seres humanos, hay pequeñas regiones que son altamente variables, llamadas microsatélites, cuyo análisis podía llegar a identificar un individuo a través de su huella genética. Tenía pensado hacerlo público en un seminario en otoño de 1984, pero un accidente doméstico de su hija pequeña le impidió participar. Una mención pública de su descubrimiento, antes de haber tramitado la solicitud de la patente, le habría hecho perder los derechos de acuerdo a la legislación británica.  El descubrimiento fue patentado y publicado finalmente en 1985, en el número 314 de Nature.
                                                                                                                                                                                     Cuando Buckland confesó, los análisis de Jeffreys ya habían permitido  a un chico ghanés regresar a Inglaterra para vivir con su madre.  Las autoridades antiinmigración exigían una prueba que demostrara que era hijo de la ciudadana británica que lo esperaba. El ADN probó que era cierto. La policía británica, por su parte, estaba convencida de que Richard Buckland era también el asesino de Lynda, la segunda víctima, así que pidió al laboratorio de Jeffreys comparar las muestras de semen recuperadas en ambos cuerpos con la sangre de Buckland. La prueba perfiló que las dos muestras de semen eran del mismo hombre, y que ese hombre no era el confeso Richard Buckland.
 
La estrategia siguiente, consensuada entre la policía y el Servicio de Ciencia Forense (FSS, en inglés), consistió en invitar a los hombres del pueblo a someterse voluntariamente a un análisis de ADN. Deseosos de demostrar su inocencia, unos 5.000 hombres se dejaron tomar muestras de saliva o sangre.  Ninguno de los perfiles coincidía con el semen de las violaciones. Meses después, uno de los voluntarios, Ian Kelly, se jactó en público de haber ganado 200 libras esterlinas aportando muestras a  nombre de un amigo suyo, y dijo el nombre: Colin Pitchfork, condenado el 22 de enero de 1988 a cadena perpetua, fue el primer culpable identificado gracias a una prueba de ADN. Richard Buckland, el primer inocente exonerado.
                                                                                                                                                                           
En EE UU,  223 condenados –muchos de ellos a muerte– han visto reconocida su inocencia gracias al ADN y  a  Proyecto Inocencia desde 1992.  En España no hay registro.

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Disculpen las molestias

La entrada de esta semana se podrá consultar mañana martes, 8 de julio.

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