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La continuación del periodismo, pero por otros medios.

Sin papeles y Estado-Nación: la excepción contra la regla (excurso)

La UE aprobó a finales de la semana pasada una propuesta de directiva para ampliar el plazo máximo de retención de los inmigrantes sin papeles hasta un máximo de 18 meses. El objetivo es, según palabras del portavoz del PP Europeo, el alemán Manfred Webber, “presionar psicológicamente” al retenido para que confiese su país de orígen y así poder repatriarlo, o expulsarlo a algún otro que lo acepte. En países como Reino Unido, ese plazo es ilimitado: una presión psicológica de por vida, que no sé a qué esperamos para llamarlo tortura.

 

El gobierno español –en nuestro país ese plazo es ahora de 40 días– apoya el texto, que debe todavía pasar por el parlamento europeo. Por una vez, me permitirán un excurso, pues la relación que va consolidándose entre los países occidentales y su inmigración irregular, me parece un tema crucial: por su importancia numérica (hay millones de inmigrantes irregulares en la UE), y por el cariz que van tomando las cosas: un ordenamiento jurídico de excepción, contrario a cualquier planteamiento que pueda decirse propio de un estado de derecho. Durante dos años, trabajé académicamente sobre el tema, y escribí 200 páginas que ahora sabría resumir en diez palabras: “Sin papeles y Estado-Nación: la excepción contra la regla.”  Mientras las escribía, envié este artículo a la desaparecida revista Lateral, que lo publicó en su número 108, de diciembre de 2003. El artículo, sobre todo el párrafo final, sigue siendo perfectamente actual.

 

Repatriar apátridas

 

El 18 de febrero de 2003 apareció en EL PAÍS una información titulada: «El Gobierno negocia con Marruecos la devolución de inmigrantes subsaharianos», refiriéndose a la reactivación por parte del Gobierno del Partido Popular de los acuerdos que había firmado el Gobierno socialista con el marroquí en 1992, para que Marruecos acepte a los inmigrantes que la administración española demuestre, «por cualquier medio», que han entrado en España desde su territorio. El periodista aseguraba que ese acuerdo, de ponerse en práctica, «simplificaría la repatriación» de más de 8.000 subsaharianos cada año, lo cual simplifica peligrosamente la cuestión.

 

Unos meses antes tan sólo, el mismo periodista todavía se preguntaba ante los datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno, cómo se podían repatriar inmigrantes de «nacionalidad desconocida», que decía la información gubernamental. «Ninguna de las fuentes de la Delegación del Gobierno de Extranjería e Inmigración ha explicado con suficiente claridad a este periódico cómo es posible repatriar a ciudadanos cuya nacionalidad se desconoce», se leía en EL PAÍS del 4 de noviembre del año anterior. Tres meses después, utiliza ya el término repatriación sin comillas para describir esa misma situación que, a lo que se ve, no ha habido tiempo para investigar: se diría que ha hecho suya la expresión; en verdad la expresión se ha hecho con él.

 

El propio término de repatriación es ya una simplificación, y por eso mismo tan operativa: se refiere tanto a los expulsados (que ya vivían en España) como a los devueltos en la frontera, simplificación contra la que todavía se nos advierte en la información de noviembre. Con esa síntesis técnica se pretende flexibilizar el proceso de deportación frente a la rigidez de las garantías formales del derecho. Para lo cual hace falta también procesar la información que va a hablar de ello, vaciando las palabras de significado sin que puedan ya adecuarse a los hechos. Una vez reducidas las palabras a su efecto, su éxito no dependerá en modo alguno de la verdad que contengan, sino de los medios técnicos que se empleen para reproducirlas. Para el caso de los subsaharianos que deportamos a Marruecos, el término «repatriación» tiene tanto que ver con la verdad como la canción del verano con la música.

 

La fina ironía de los redactores les salvó entonces de hacer frente a una “mentira práctica” que sirve de puente entre la obligación de la administración a actuar públicamente y la verdad de su actuación privada de control: por debajo del puente flotan las cosas que pasan. Y dado que la verdad sigue siendo revolucionaria, supone un grave riesgo y un inconveniente técnico mantenerla en secreto porque acecha siempre la sombra del escándalo que podría desencadenar su desvelamiento. Habrá, pues, que articular su falsificación publicándola en los periódicos para que quede así desarticulada a la mañana siguiente, porque todo el mundo la habrá olvidado.

 

Los propios términos de la formulación desvelaban su imposibilidad real: ¿cómo re-patriar a quién no se le conoce patria? A diferencia de otros oxímorons mucho más célebres y hermosos, como el sol negro de Borges, constituía una falsedad sólo en el plano de la verdad del enunciado, pero muy real y práctica en el de la manipulación administrativa y periodística de la verdad, como verdadero y práctico es el horror que oculta: sólo el año pasado fueron «repatriadas» dos-mil-quinientas-catorce personitas tan reales como usted y como yo, sin que se conociera su patria.

 

Esa manera de violentar la lengua para que encaje cualquier cosa y diga lo que no se puede decir, responde a la necesidad de asumir la violencia con la que encaja el procesamiento de los negros en el discurso de un así llamado Estado de derecho. Esa gimnasia lingüística informa la verdadera violencia haciéndola aceptable para todos, porque necesita también de nuestra complicidad. Tranquiliza mucho llamarlos subsaharianos, sobre todo cuando todo el mundo sabe que se les trata como a negros. «Lo peculiar de este fenómeno es sobre todo la capacidad de proseguir en este espíritu de forma creadora, llegando así a una nueva formación lingüística que pone a la lengua en concordancia con la necesidad imperiosa de una insinceridad radical y que hace justicia (…) al encubrimiento de toda clase de hechos vergonzosos. Apenas habrá un solo comunicado que no aporte un progreso en el sentido de revestir actos de violencia en normas.» (Karl Kraus).

 

Todavía en la noticia de noviembre se recogía una dificultad práctica, porque, se decía, «con los subsaharianos sucede que su expulsión es complicada porque no traen documentación y resulta difícil precisar su nacionalidad. Además, pocos países los admiten como ciudadanos». Entre los «pocos países» no se cuenta desde luego España, por lo que para solucionar problemas como ése se inventan artefactos técnicos como el de «repatriados de nacionalidad desconocida» y se firman acuerdos para simplificar las cosas, en este caso las cosas subsaharianas. El que no se hayan decantado todavía por la fórmula más económica del título de este artículo, se debe sin duda a que eso complicaría el procedimiento, pues «apátrida» es todavía un estatuto jurídico reconocido internacionalmente y entonces vendrían los abogados con sus consideraciones jurídicas y sus reclamaciones «imprácticas», esto es, «perjudiciales y equivocadas en un sentido técnico objetivo» (Carl Schmitt). También en el celo profesional con el lenguaje los abogados superan a los periodistas: venden más caras sus palabras.

 

La verdad es que los inmigrantes deportados van a parar a terceros países, como Marruecos, donde «con un poco de suerte acabarán siendo encarcelados, durante semanas o meses», comenta el despiece. «Marruecos no devuelve a los subsaharianos a sus países de origen porque carece de medios para hacerlo», y «a aquellos que no son ni detenidos ni devueltos se les ve con frecuencia deambular por las grandes ciudades marroquíes, sobre todo las del norte,» se lee a continuación. El Gobierno español conoce esa situación, y es que precisamente esa es la ventaja de la división internacional del trabajo sucio: la subcontratación permite delegar en otros responsabilidades que todavía no parecen asumibles por el fino paladar europeo, a pesar de lo acostumbrado que está a la higiénica y flexible proliferación de empresas de trabajo temporal y subcontratas, que sin ser igual desactivan lo mismo. Lo mismo que propone Bush cuando se trata de arrancar información a sus encarcelados sin causa: repatriarlos a otros países donde la legalidad asume que se los torture temporalmente. La flexibilidad se aplica también a la piel humana.

 

Esa «necesidad de asumir la violencia», es la consigna que en secreto gobierna nuestra política de deportaciones masivas. Porque, ¿cuál es en verdad el problema político de fondo ? Que el sistema político del Estado-Nación moderno no puede hacer frente al problema de los « indeportables », cuando se trata de un fenómeno masivo, sin una voladura controlada de sus propios cimientos. Esos « indeportables », que es la situación jurídica que oculta esa mentira de los « repatriados de nacionalidad desconocida », son la personificación de la sombra que arroja sobre el sistema de los Estados-Nación modernos el fenómeno de los « sin-estado » : que una vez que llevado por la necesidad has dejado de hecho el país en el que naciste, has sido arrojado por derecho de todos los demás, tan verdad ahora como cuando lo dijo Hannah Arendt. Es, al fin , el problema de ser un malnacido, como habría que empezar a llamarlos si queremos empezar a decir la verdad de lo que callamos para poder seguir pensando que somos Santa Teresa de Calcuta. Ser un malnacido y creerte encima que tienes derecho, como quien tiene madre, a ponerle remedio. Para hacer frente a la propia ilegalidad de ese malnacido, pues, cada estado trabajará indefectiblemente por la extensión de las competencias administrativas para así, frente a las garantías formales del Estado de derecho, poder flexibilizar el procedimiento y expulsarlo, con la intención de escapar a la “superstición formalista de la ley”. Esto es, traspasará todo el problema a la policía, que es quien mejor puede habérselas con ese « indeseable ». Y para que ese proceso de voladura del Estado de derecho pueda producirse de manera controlada, la falsificación lingüística informando de ello prestará un servicio inestimable, en tanto producción y distribución de “conceptos jurídicos indeterminados” que permiten normalizar la violencia, a la espera de que pueda ser legalizada.

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Contraplano (o me estoy quitando)

El estrés y la carga de trabajo acumulados durante los cinco meses que lleva este blog en marcha aconsejan levantar el pie. Les detallaría mis horarios, pero es algo demasiado íntimo. La alarma más importante, sin embargo, es la del reloj. Ha llegado la hora del libro. No toda la culpa la tendrá el tiempo que le he dedicado al blog. Algo tendrán que ver también los viajes y las mudanzas y el vértigo. Pero el contador no engaña: 15,600 palabras. Treinta y cinco páginas, casi todas escritas durante el parón de las navidades. No he vuelto a escribir una línea desde que entregué el adelanto en enero.

La conclusión es que esa dificultad para compaginar la escritura del libro y la del blog  es para mí insalvable. Así lo pensaba antes de empezar, y de hecho el plan inicial era cerrar este experimento al acabar febrero, pero ahora es la experiencia la que obliga a reconocerlo. Aunque ese para mí rebaja su importancia objetiva, señala una correlación de fuerzas.  Hasta finales de abril, por tanto, ni blog diario ni más viajes. Me jode admitirlo: Me estoy quitando.

Los viajes volverán en mayo. Pero no esta cita diaria: Entre dejarlo del todo y seguir como si nada, hay un término medio:  escribiré cada lunes.  No sé muy bien por qué: pienso en el lunes que viene y la semana se me ofrece como un respiro, pero también me anuncia una oportunidad: el lunes que viene podré volver aquí y contarles algo. Porque todo este ejercicio, si bien ha confirmado esa incompatibilidad de escribir con las dos manos, porque la izquierda sigue pensando en lo que hace la derecha (la desnovelización no ha culminado), ha deshecho otras: la aparente repulsión entre el goce y la rutina, un tormento que ni mucho menos es exclusivo de los casados, los funcionarios y los parados.

Es otro de los indiscutibles de Kraus: trabajaba día y noche, y así tenía todo el tiempo libre del mundo. No es que no me haya importado el compromiso con ustedes, pero confieso que ha sido el placer de escribir aquí cada día, lo que me ha hecho volver al día siguiente. Un placer informado: Llegaba después de la tensión, el desayuno y el sudor en las manos, y se iba lento como el recuerdo de un desahogo. Pestañeaba, amanecía de nuevo: Tocaba sacar otra piedra del estómago.

Los días con menos visitas (algún fin de semana de noviembre no despuntó las 50), la verdad es que el público me importaba un carajo. Los días que más, alguno de enero pasó de las 1.500, lo mismo, por exagerado. Lo habitual de los últimos dos meses, muy cerca de las 200 diarias, sí que me llena de sorpresa y asombro, pero mentiría si les dijera que he pensado en el público al escribir. Sólo pienso en ustedes por separado: y algunas pocas cosas quedan por publicar aquí, que sería un fraude reservar para el libro. Por eso voy a volver, cada lunes, a las diez de la mañana.

Feliz semana.

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No se vayan

En el AVE, camino de  Madrid, sin batería, anunciarles sólo que les dejo hasta después de Semana Santa. El lunes 24 de marzo estaré de vuelta, para encarar el tramo final de este blog, o al menos el de su reinvención. Será la única manera de que me ponga a escribir el libro. No se lo pierdan.

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Contra el colapso

« La formule pour renverser le monde, nous ne l’avons pas cherchée dans les livres, mais en errant. C’était une dérive à grandes journées, où rien ne ressemblait à la veille ; et qui ne s’arrêtait jamais. »

«Yo soy de los que piensan que para escribir un libro hay que pasear mucho.»

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Materiales

Francisco Palenzuela y Juan Antonio Fernández, los dos ejidenses condenados por secuestrar y apalear a tres inmigrantes en diciembre de 1997, disfrutan desde octubre pasado de un régimen de semilibertad, un híbrido entre el segundo y el tercer grado recogido en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Palenzuela y Fernández, condenados en 2002 por la Audiencia de Almería a 15 años de cárcel y cuya sentencia ratificó el Supremo en marzo de 2004, ingresaron en prisión en agosto de 2005.

La Dirección de Instituciones Penitenciarias les denegó el tercer grado que para ellos había solicitado la cárcel de El Acebuche, donde cumplen condena: “soy psicóloga antes que directora”, declaró la directora de la prisión, Clotilde Berzosa, a EL PAÍS:  “tanto uno como otro son muy sensibles, muy trabajadores”, añadió.

Los dos empresarios, que según una hermana de Palenzuela muestran un “profundo arrepentimiento”,  no habían hecho frente a sus responsabilidades civiles (más de 36.000 euros en indemnizaciones a las víctimas) en diciembre del año pasado, diez años después de las agresiones. El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), apoyó a principios de este mes de febrero una nueva petición de indulto –denegado ya en dos ocasiones–, respaldada  por el ayuntamiento de El Ejido y las 57.214 firmas de las que les hablaba ayer.

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El Ejido, paisaje de impunidad

No es la primera vez que voy a El Ejido. La primera fue en junio de 2000, [cuatro] meses después de los ataques racistas que cientos de vecinos dirigieron contra inmigrantes magrebíes. Bullshooter organizaba allí un campeonato nacional de dardos electrónicos, y mi hermano Rafa aceptó ofrecernos a una amiga y a mí una habitación doble y pensión completa durante una semana. El pacto incluía, a cambio, que trabajaríamos sábado y domingo.  Más que un hermano es un mecenas. La semana la dedicamos a hacer entrevistas y visitar lugares para un reportaje que escribiríamos a la vuelta. 

El Viejo Topo lo publicó en septiembre de ese año. “El Ejido, paisaje después de la batalla” rastreaba en qué habían quedado las declaraciones de intenciones, supuestas medidas y anunciadas soluciones aprobadas después de los ataques: habían quedado en nada. No tengo copia ni puedo conseguirla ahora (la biblioteca municipal de Petrer no archiva las revistas), pero recuerdo que el reportaje demostraba, con datos del propio ayuntamiento, que el único cambio que se estaba realmente produciendo era la sustitución de la mano de obra magrebí por otras sudamericanas y de Europa del Este. Era fabuloso el desparpajo con el que diversas fuentes acudían a argumentos sociológicos de corte multiculturalista: es positivo que haya mezcla de razas bajo los plásticos, decían, para justificar aquella limpieza técnica.

Por primera vez me llamó la atención, aunque no se trataba en el reportaje, la necesidad que ciertas movilizaciones tienen de literatura típica y de cómo había sido correspondida por el periodismo. Me sigo preguntando si los disturbios se habrían desencadenado, en aquel momento y en aquel lugar, si los rumores que construyeron el caso típico del discurso racista no hubieran llegado a los titulares: “Detenido un inmigrante marroquí por el asesinato de una joven a la que quiso robar“. El móvil del robo que establecieron varios testigos citados por la prensa no se demostró nunca, y según admitían varias fuentes meses después, la chica ni siquiera llevaba el bolso que supuestamente habían visto esos testigos. La sentencia estableció que Encarnación López, una ejidense de 26 años, había sido asesinada por un esquizofrénico marroquí, lo que de haberse publicado primero habría rebajado en mucho la típica espontaneidad del linchamiento.

Hablamos entonces con Ángeles Garzón y su marido Carlos, un matrimonio de abogados madrileños residentes en Granada, que durante los disturbios se habían trasladado a El Ejido para prestar apoyo jurídico a las víctimas. Los agredidos, explicaban, están dejando El Ejido y no habrá forma de localizarlos y continuar con los procedimientos. No encontré ayer, rastreando en el archivo de El País y Google, que ninguno de los que incendiaron negocios y viviendas de vecinos magrebíes, ni ninguno de los que, por ejemplo, condujeron los camiones que transportaban a vecinos españoles desde el centro de El Ejido a los asentamientos de los inmigrantes, según fotografía publicada creo que por ABC, haya respondido ante la justicia. Las únicas condenas que hallé (nueve años todas sumadas) se pronunciaron contra la agresión que el entonces subdelegado del gobierno en Almería, Fernando Hermoso, sufrió tras el entierro de Encarnación López. En consecuencia, el periodismo tampoco ha añadido una sola palabra que estropee la siesta de los impunes.

Sí encontré, sin embargo, que 57.214 vecinos firmaron a favor del indulto de dos ejidenses condenados a 15 años de cárcel por secuestrar y apalear a dos argelinos y un marroquí en 1997. Los dos secuestradores, Francisco Palenzuela y Juan Antonio Fernández, declararon en junio de 2004 que de ingresar en prisión podrían reeditarse la violencia de febrero de 2000. El alcalde, Juan Enciso, les había expedido dos certificados de buena conducta que ambos empresarios encartaron en sus expedientes. El entonces Ministro de Justicia, López Aguilar, adelantó en 2004 que el indulto sería denegado.

En fin, llegaré pasadas las tres de la tarde.

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Contraseña para algunos (pocos) amigos

Me permitirán una diversión. Picoteando ayer en la biblioteca municipal di con un artículo de Miguel Morey. El número 79 de la revista Archipiélago es un monográfico sobre la figura de Jean Baudrillard y su supuesto desafío a lo real. El artículo de Morey, “Un animal desquiciado”, más allá de lo que dice sobre Baudrillard –y lo dice casi todo callando, pues habla sobre todo de Bataille– lleva una frase que justifica –la hace más justa– una idea editorial que se viene gestando entre algunos, pocos, muy pocos amigos. La traigo aquí por si hicieran falta razones todavía:

“Lo más probable es que los hombres del futuro tengan que aprender a leer solos”.

Lo más probable es que el futuro esté aquí, ahora.

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De turismo

Ayer estuve en ARCO, exposición universal del humor en la que siempre hay que explicar los chistes.

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El asco

El motor de mi investigación quizá no sea moralmente ejemplar, pero hay días que lo único que me mueve es el asco.

De remover la hemeroteca y encontrarme de nuevo las palabras de aquel ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, declarando ante los periodistas un 28 de julio de 2005 que el gobierno era muy “riguroso” en la administración de la medida de gracia que es el indulto, y que iba a cumplir

“todos y cada uno de los trámites para que llegue al consejo de ministros” (EFE, 28-7-2005),

de volverlo a leer sabiendo que ya no quedaba ningún trámite pendiente. Los informes a los que vagamente, porque es así como conoce el caso, va-ga-men-te, se refería, los informes preceptivos pero no vinculantes de los tribunales que los habían condenado, hacía seis años que el ministerio los tenía en sus cajones:

“Ya no quedan obstáculos para que el Consejo de Ministros debata la concesión o no del indulto a Abderrazak Mounib y Ahmed Tommouhi, los dos presos marroquíes para quien ha solicitado el indulto la fiscalía de Cataluña (…)” (La Vanguardia 19/11/1999)

De ver cómo el entonces Fiscal Jefe de Cataluña, José María Mena, después de solicitar el indulto para los dos marroquíes presos, declaraba:

“Este caso lo estamos siguiendo al milímetro” (La Vanguardia 11/09/1999)

el mismo que en respuesta al abogado de Abderrazak Mounib, con fecha 23 de Marzo de 1999, había reconocido:

“que en esta Fiscalía no se siguen diligencias de investigación sobre las violaciones a que su comunicación se refiere, sin perjuicio de las actuaciones que, en su caso, acuerde practicar la Autoridad Judicial”.

De saber que nada había cambiado desde entonces, sólo que Mena manejaba perfectamente el escenario: sabía que a los periodistas les podía contar las milongas que no se podía permitir como respuesta a la petición escrita, puntillosa y legítima, de un abogado. Los periodistas lo repetirían literalmente. El abogado sabía de lo que hablaba. Todavía en 1999 se distinguían así diferentes niveles de compromiso con la verdad: algo que Enrique Anglès Martins, Enriquito, hermano del desaparecido Antonio Anglès, había ya acertado a resumir en una de las sesiones del juicio por el asesinato de las niñas de Alcàsser, cuando el Tribunal le preguntó que por qué declaraba lo contrario de lo que había dicho en la televisión: 

“Es que aquello era la tele y esto es un juisio”[sic]*.

El abogado de Abderrazak Mounib preguntaba por el segundo informe de la Guardia Civil, que daba cuenta de algunos hechos delictivos cometidos con el mismo Renault-5 gris plata, B-7661-FW, con el que también se habían cometido las violaciones de Cornellà y Tarragona. La novedad residía en que esos nuevos delitos se cometieron con los dos marroquíes en prisión. La Fiscalía nunca facilitó ese informe a las defensas, a la de Ahmed Tommouhi tampoco. Un informe que la Fiscalía niega desde hace más de un año también al señor Tommouhi, quien lo solicitó el 11 de enero de 2007, y que ayer seguía sin recibir respuesta. (Y me pregunto por qué, porque todo lo interesante del informe se conoce ya).

Los dos marroquíes siempre se han opuesto al indulto, y desde el primer momento pidieron que se reabriera la investigación. Dado que la petición de indulto del entonces Fiscal Jefe Mena se cursó el 30 de abril de 1999, ya podemos establecer rigurosamente lo que duró la no-investigación de fiscalía sobre los nuevos hechos que reflejaba el segundo informe de la Guardia Civil: 30 días. Un mes justito tardó el Fiscal Jefe en dejar claro que no pensaba aclarar nada y solicitar el indulto, cortándole así el paso a una nueva investigación, y desviando el foco hacia el Gobierno y su medida de gracia, un foco que apenas se enciende, y no siempre, para las efemérides: el 30 de abril cumplirá diez nueve años.

Asco de ver al periodismo reducido a “falso testigo del porvenir”.

*Oleaque, Joan M., Desde las tinieblas: Un descenso al caso Alcàsser. Diagonal, 2002: p. 267.

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Al Capone y las fotocopias o el canon de Ferlosio

Rafael Sánchez Ferlosio publicó el 17 de julio de 1988, en Diario 16, un artículo dirigido al entonces recién nombrado  ministro de Cultura, Jorge Semprún, que no conviene olvidar ahora que de tantos cánones se discute. Entonces se acababa de presentar CEDRO, que por más que signifique Centro Español de Derechos Reprográficos,  y por más que también, como explica el artículo, se presentara en los cursos de verano de la Menéndez Pelayo, era y es una cooperativa privada. No conviene olvidarlo, el artículo, ahora que parece imparable incluso el cánon por préstamo bibliotecario, que gravará cada vez que alguien tome prestado un libro de una biblioteca, sea pública o privada. Todo esto ocurre al mismo tiempo que cualquier matao reclama para sí el derecho a la excepción cultural, esto es, a vivir subvencionado con dinero público porque sus empastes, también llamados película e incluso obra cinematográfica,  no hay dios que se los trague, pero tienen, al parecer, algún oculto interés, y que no sería, por cierto, el interés que salta a la vista y a la visa. Quien de  verdad no entienda que no se pueden apoyar las dos cosas al mismo tiempo, el canon a las bibliotecas y la excepción cultural, como hacen muchos señores del progreso, debe saber que su enfermedad se llama socialismo mágico, cuyo principio único se reduce a su único fin y que sincroniza perfectamente con el espíritu de nuestro tiempo: “Todo por la pasta, pero sin la pasta”.

En fin, les dejo con el artículo.

Versión pdf.

 “En aquestos escalones”

(A la atención del nuevo ministro de Cultura)

 

RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO 

 

El nuevo ministro de Cultura, Jorge Semprún, tiene ante sus ojos –y si no las tiene, se las voy a poner yo– dos magníficas ocasiones para entrar con buen pie en el ministerio y demostrar que vale para algo. La primera de ellas es deshacer el más funesto y execrable entuerto cometido por su inmediato antecesor: suprimir la Editora Nacional. Y digo “execrable” porque esa supresión se decidió, según tengo entendido, para no interferir, ni aun en el grado mínimo en que pueda hacerlo una editora estatal, los intereses particulares de los magnates capitalistas de la industria cultural. Una editora estatal está para acoger a fondo perdido todas las publicaciones, sobre todo de obras viejas y antiguas, que, por no ser el dernier cri del último filósofo francés, el furor del lucro del industrial particular de la cultura vacila en publicar. Aún así, parece que fue la industria privada del libro la que, tal vez a la vista de algún éxito de la Editora Nacional, presionó para ayudar a que ésta desapareciese, cosa que acaso el propio ministerio de Cultura secretamente deseaba, para poder invertir en cosas de más escaparate y mayor rentabilidad publicitaria para el Gobierno del PSOE los fondos perdidos en publicar filósofos medievales olvidados. Verdaderamente, aunque fuese verdad que un cierto dirigismo es inevitable cuando el Estado se encarga de estas cosas, prefiero cien veces el dirigismo del Estado al de la mano invisible del furor del lucro del magnate de la industria cultural. Aparte de que el peor dirigismo ha sido el que ha sugerido la supresión de la Editora Nacional, para gastarse el dinero rescatado en espectáculos de “luz y sonido” tan incultos como corruptores, pero propagandísticamente eficaces, o tenidos por tales.

La segunda prueba que espero del ministro de Cultura es bastante más fácil que recrear la Editora Nacional, porque no es un acto de construcción, sino de destrucción, un trabajo de hacha: Talar un cedro. Es sólo una metáfora: Cedro quiere decir Centro Español de Derechos Reprográficos. Por lo visto, en este repelente escaparate publicitario esta vez no del ministerio de Cultura, sino del de Educación, que es la Menéndez Pelayo, han perdido la vergüenza hasta tal punto que no tienen empacho en aprovechar cursos sedicentemente universitarios para presentar cooperativas de intereses privados, como la mencionada sociedad llamada Cedro, en la que 130 magnates capitalistas de la industria cultural del libro, que han conseguido asociar a su iniciativa a más de cuatrocientos escritores, se han arrejuntado para controlar, al modo en que la banda de Al Capone controlaba las máquinas tragaperras, todas las máquinas fotocopiadoras del país, para cobrar un canon de protección por cada fotocopia que se saque de cualquiera de los libros publicados por sus 130 casas editoras. Realmente, lo primero que en esto resulta tan incomprensible como deplorable es el hecho de que más de cuatrocientos escritores ignoren lo que son hasta el punto de apoyar la iniciativa de un grupo de potentados de la industria privada. ¿No saben los escritores que ellos no se deben a sí mismos y a sus propios intereses, como los industriales, sino al público y a los intereses públicos, que su deber no es el de ganar dinero, sino el de procurar que tenga la mayor difusión posible lo que han discurrido y han escrito por creerlo verdadero y dingo de ser conocido por todos los demás? ¿No saben que ser escritor y ejercer la suprema libertad de determinar tú mismo la naturaleza, el sentido y el designio de tu propio trabajo es un privilegio del que no goza ni remotamente ningún otro trabajador pobre ni rico, comer tu pan en paz, sin la constante inquietud y sobresalto por el destino de sus inversiones en que viven los desdichados capitostes de la industria incluso cultural?¿No saben que escribir no es trabajar? ¿Cómo pueden asociarse los editores, cuyo tristísmo deber es el de ganar dinero, y cuya índole es, por tanto, la determinada por el interés privado, ellos, que más aún que los políticos, son hombres públicos por definición? ¿Qué clase de contubernio es, pues, éste de la cooperativa Cedro, donde se asocian aquellos cuyo interés fundamental no puede ser sino el de que lo que han escrito, por creerlo verdadero o beneficioso para todos, alcance el mayor grado de difusión posible, aunque tenga que ser a través de fotocopias que no les dan un céntimo, con aquellos cuyo interés está en exprimir hasta la última perra chica lo que editan? No; en todo esto hay un grave malentendido y un error capital, o, mejor aún, capitalista. Y a la universidad de verano Ménendez y Pelayo debería caérsele la cara de vergüenza por haber permitido que semejante cooperativa de interés privado haya aprovechado un curso público para presentarse. Don Enric Ruiz, el presidente de Cedro, ha declardo, por lo visto, según cita entrecomillada del diario Ya, lo siguiente: “La fotocopia ha pasado de ser un adelanto técnico maravilloso a ser algo destructor”. ¡Qué asco el pollo, ¿verdad?, desde que pueden comerlo hasta los gitanos, frente a lo bien que sabía cuando sólo los ricos, y en domingo, podían permitírselo! Desde que el último estudiantucho con 70 duros en el bolsillo puede permitirse fotocopiar un libro científico de 4.500 pesetas también la máquina fotocopiadora se ha degradado de maravilla técnica en instrumento de destrucción, sobre todo teniendo en cuenta que los editores gravan con un 50 por 100 los derechos de autor de las reproducciones secundarias de las obras que han editado. Estos señores del progreso reniegan justamente de lo único bueno que el progreso puede ofrecer: abaratar lo escaso, haciéndolo abundante.

¿Adónde vamos a llegar con el neoliberalismo, protegiendo los intereses privados de los editores, frente al común interés público de la inseparable pareja escritor-lector? El ministerio de Cultura está absolutamente obligado a defender el interés público de los estudiantes, los aficionados y los espontáneos, no permitiendo a los editores –y a los escritores que se han equivocado de carrera– gravar las formas baratas de reproducción, así como recreando la Editora Nacional de la forma más prepotente posible, enterrando dinero a fondo perdido tanto en la edición de olvidados filósofos medievales como en obras que puedan ser rentables, sin miramiento alguno para el interés privado de los industriales de la imprenta. Ahí tiene tarea el nuevo ministro de Cultura, si todavía se acuerda, sin demasiada repungancia, de otros tiempos que desde luego yo no he olvidado.

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