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La continuación del periodismo, pero por otros medios.

Ahmed Tommouhi recurre una de sus condenas por violación ante el Supremo

Eco

***

Ahmed Tommouhi presentó un nuevo recurso de revisión ante el Tribunal Supremo el viernes pasado. El recurso, preparado por el abogado Javier Melero, afecta sólo a la causa de Tarragona, en la que Tommouhi fue condenado junto a Abderrazak Mounib, y se basa en los hechos nuevos recogidos en el reportaje Falsos testigos del porvenir, que publicará Seix Barral Argentina en julio.

Tommouhi y Mounib ya fueron exhonerados en 1997 al demostrarse científicamente, seis años después de las violaciones, que los autores de la cometida en Olesa de Montserrat eran Antonio García Carbonell –físicamente muy parecido a Tommouhi– y un pariente suyo que sigue sin ser identificado.  Tanto en aquella violación revisada de Olesa como en esta de Tarragona, ocurrida cuatro días después, el señalamiento de las víctimas fue la única prueba de cargo.

Este párrafo  resume el argumento del recurso y la novedad que aporta frente al que ya  presentaron sus anteriores abogados, Jorge Claret y Pedro J. Pardo, en 1999:

Es cierto que ninguno de los dos vectores aportados como elementos nuevos por el promovente de aquel Recurso de revisión [denegado en el año 2000] convergían en un hecho que relacionara a Antonio García Carbonell con las violaciones de Tarragona, lo que habría demostrado, a su vez, la inocencia de Ahmed Tommouhi. Por un lado estaba la confusión de la víctima de Olesa, que señaló –indubitadamente de forma errónea- a Ahmed Tammouhi en lugar de a García Carbonell, y por otro la utilización del mismo Renault 5 gris, con matrícula falsa B-7661-FW, que en Tarragona, para la comisión de al menos un hecho delictivo más (el robo de Montornès del Vallès) cuando Ahmed Tommouhi ya había ingresado en prisión. Pero ello no probaba, de forma indubitada, que Antonio García Carbonell fuera el usuario de ese Renault 5 GTX B-7661-FW. Ni siquiera que ese coche fuera el mismo que el recuperado semanas después. Esto es, sin embargo, lo que se podría establecer ahora: la identidad del conductor de ese Renault 5 gris plata, con un golpe junto al faro delantero izquierdo y matrícula falsa; así como que ese Renault era el mismo que el recuperado en Mollet del Vallès el 2 de diciembre de 1991.

El 26 de abril de 2000 Abderrazak Mounib murió en la cárcel. La condena de Ahmed Tommouhi expiró el 26 de abril de 2009.

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La fe privada en un mundo sin notarios

Definitivamente, el bosquejo sobre la desaparición del público, ha desaparecido. Las tres primeras notas que ya publiqué aquí. La cuarta, sin embargo, ha encontrado su lugar natural en el texto, y estas páginas de la quinta, más que a la papelera, irán al reciclado. Un día podrían servir para encender el fuego.

***

5.- (Los notarios) El XX de Octubre de 2006, en el programa Els Matins de TV3, entró en directo un preso que había compartido sombra con Tommouhi en Can Brians, Joaquín Rey. Por teléfono, explicó que años antes también había conocido a García Carbonell en la cárcel de Quatre Camins, que éste le había confesado ser el autor de las violaciones de 1991 por las que estaba pagando Ahmed Tommouhi y que él -Rey– lo había denunciado ante el juez de vigilancia penitenciaria. La importancia de la revelación no impidió, de acuerdo a los cánones televisivos españoles, que la información quedara disuelta en una nube imprecisa de fechas, juzgados y (sin)razones de última hora. ¿Por qué nunca se lo había comentado al propio Tommouhi, cuando se veían en la cárcel, para que este lo pusiera en conocimiento de los abogados, y sí lo hacía ahora por televisión? Una sencilla pregunta que nadie planteó, seguramente porque cuestionaba la propia puesta en escena. Días después llamé a Rey por teléfono y su número de móvil ya no existía, y según me comentaron, había puesto precio a su exclusiva. Todo esto no desmiente que esa denuncia se haya presentado efectivamente, sólo digo que yo no lo he podido confirmar. Pero no es eso lo que interesa ahora. Cuando Tommouhi y Claret se encontraron en la Audiencia, el ex abogado explicó al periodista que esa declaración podía constituir un hecho nuevo suficientemente relevante como para instar un nuevo recurso de revisión, aunque convendría registrarla ante notario. Si al periodista, Jordi Panyella, no se le ocurrió incluir la pregunta “¿y a qué espera usted, en tanto que abogado defensor, para iniciar los trámites?” en su crónica, quizá fuera porque le faltaron reflejos, pero lo que es indiscutible es que su inclusión habría acabado con la ficción inocente-y-abogado-buscando-pruebas que da por hecho esa noticia falsa. Es decir, habría echado abajo la representación. Meses después, Ahmed Tommouhi, paseando por Barcelona y recordando todo aquello, lanzó la pregunta que me interesa ahora: “¿para qué hace falta un notario, si lo dijo en la televisión, delante de todo el mundo?” Contra lo que pueda parecer, no es sólo la pregunta de quien no entiende los formalismos legales. Es más radical que todo esto: es una pregunta pre-espectacular, pero que no por eso, o precisamente por eso, deja de ser inquietante. Un notario puede dar fe pública, entre otras cosas, de que una declaración se ha producido, precisamente porque el público ha delegado en él su función como garante de que algo ha ocurrido. Por eso, un notario no puede, por definición, garantizar nada que no sea públicamente controlable. No puede, por ejemplo, garantizar la profunda convicción que mueve a alguien a dictar un testamento y que podría llegar a invalidar sus consecuencias: simplemente puede garantizar el dictado. Algo de eso había también en el mandato del periodismo, y por eso hay quien ha visto en él a un notario de la realidad*. La pregunta de Tommouhi se sostiene sobre la convicción de que la verdad es una, y que es la mentira la que tiene mil caras, algo que cualquier contemporáneo de Montaigne seguramente compartía. En último término, Tommouhi cree que el público puede ser también testigo, notario de lo que se le cuenta. La progresiva inversión de esa premisa, en la que la verdad depende del cristal con que se mire y en consecuencia puede empaquetarse a gusto del consumidor, esa privatización, destruye al mismo tiempo la posibilidad de que los diversos intermediarios, notarios y periodistas, entre ellos, pero también políticos, alcancen a decir nada verdadero del mundo del que hablan, más allá de la provinciana defensa de sus intereses, nada que no sea lograr agrandar la parte del “público objetivo” –así lo llaman– que se identifica con su particular visión de la nada. Esa inversión supone en último término la irrelevancia del público. La desaparición del público como espejo del mundo supone a la vez la destrucción de la idea de mundo como lugar común entre víctimas y verdugos, jueces y condenados, periodistas y lectores, políticos y electores: esto es, un lugar en el que se puedan hacer preguntas. El círculo de esa destrucción se cuadra con la imagen de un político, Artur Mas, registrando ante notario sus promesas electorales durante la última campaña catalana, para salir por la tele.

*Arcadi Espada.

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El periodista, víctima de lo real

John Carlin, un reportero de El País, visita Islandia. El 6 de abril de 2008 publica “La buena vida“, en cuya entradilla dice:

“Aislamiento. Frío. Naturaleza hostil. Los islandeses han hecho frente a sus problemas. Hoy son los seres humanos más felices, y su país, el lugar donde mejor se vive del mundo. Ellos mismos explican por qué.”  (El País, 06/04/2008)

Seis meses después publica “El primero en caer“,  aunque la entradilla aclara que no se refiere al periodismo y su lugar en el mundo:

“Hasta hace unas semanas era considerado el mejor lugar para vivir del mundo. Y sus habitantes, los más felices del planeta. Pero, arrasada por el terremoto de la crisis financiera, Islandia se ha convertido en un país en bancarrota, con una población en estado de ‘shock’ y unas autoridades balbuceantes. ¿Un anticipo de lo que les espera a otros países?” (El País, 19/10/2008)

¡Ese sujeto elíptico! Era considerado, dice. La lectura íntegra de los dos reportajes instruye mucho sobre el viaje a lo real del periodismo simbólico. Por ejemplos:

“También hablamos de cómo los islandeses –que hoy día cuentan con excelentes restaurantes y cuya energía para trasnochar debe de proceder del ADN vikingo– parecen tener mucho del savoir-vivre del sur de Europa.” (El País, 06/04/2008)

“Pero los logros acumulados a lo largo de los mil años de presencia humana en la isla se ven ahora en riesgo debido a la exuberancia vikinga, que muchos habían identificado como el motor del milagro islandés, como el motivo por el cual el país pasó en medio siglo de ser el más pobre de Europa a uno de los más ricos, con desempleo cero.” (El País, 19/10/2008)

“Es uno de los problemas de abusar de los símbolos: algunos no simbolizan una puta mierda” (La Prensa, víctima de la mafia)

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La versión de uno de los (dos) abogados

El lunes pasado publiqué aquí la minuta que le pasaron los abogados Pedro J. Pardo y Jorge Claret a Ahmed Tommouhi, después de que se hubiera hecho efectivo el cobro de la indemnización que le correspondía a Tommouhi por la condena revocada de Olesa.  Y publiqué que en esa minuta habían facturado procedimientos que no habían llevado ellos. Lo publiqué sin la versión de los abogados. Pardo y Claret no habían querido en ningún momento dar su versión sobre el modo en que se reclamó esa indemnización: le hicieron firmar una supuesta autorización para presentar un nuevo recurso de revisión, cuando en verdad lo que estaba firmando era una autorización para ellos poder reclamar la indemnización en su nombre. Yo di por hecho que los abogados tampoco iban a querer dar su versión sobre el contenido de la minuta, porque tendrían que darla también sobre el engaño original.  Me equivoqué. 

Pedro J. Pardo admitió el viernes por la tarde, en vistas de que así –minuta incluida– se va a publicar en el libro, que engañaron a su cliente para que firmara la reclamación de la indemnización. Ahmed Tommouhi no quería cobrar esa indemnización. No quería dinero del Estado que lo había condenado a casi doscientos años de cárcel, si antes no se investigaban los demás casos y el Supremo  reconocía  que también en ellos  habían sido condenados injustamente. Pardo justifica ese engaño, así como el hecho de que le facturaran procedimientos que no habían llevado ellos, en los siguientes términos: 

Sobre la firma, con engaño, de la solicitud:

1.-Nosotros hicimos lo que considerábamos que era lo mejor para el cliente. El cliente se pensaba que si pedíamos la indemnización se iban a olvidar del resto de asuntos. Y que no iban a estudiarlos. Nosotros sabiendo que no era así y que era mejor para el cliente, y sobre todo para su familia, pues lo hicimos.

2.- Era imposible hacerle entender que si cobraba esa indemnización, el estado no se iba a interesar más o menos por su situación. Era imposible hacerle entender que una cosa no tenía nada que ver con la otra. Pero nosotros pensamos en su bien, y sobre todo en el bien de su familia, y por eso hicimos esto. Éticamente no lo hicimos bien, pero lo hicimos por su bien.

Sobre la facturación de procedimientos que no habían llevado ellos: 

3.- Es que por los asuntos que llevamos nosotros, le cobramos muchos menos, y por eso con los que no habíamos llevado, compensamos. ¿Por qué? No lo sé, fue minutado por debajo de lo que cobraba el Colegio de Abogados. No lo sé, ya te digo, que no me acuerdo. No sé por qué lo hicimos así. Que le cobramos por debajo de las minutas del colegio de abogados, eso seguro.

4.- Fue una forma de repartir el coste entre todos los procedimientos: se cobró menos por los que se trabajó, y se cobró por los que no habíamos trabajado. Lo que hicimos fue calcular un total y dividir entre varios. Y por eso en todos es la misma cantidad.

5.- Porque claro, qué hacíamos con los procedimientos que nos hicimos cargo cuando ya se habían terminado. ¿Qué hago, no cobro nada? Nosotros nos hicimos cargo de todos los procedimientos, y nos los tuvimos que estudiar igual para luego presentar los recursos de revisón. Aunque en su día no hubiéramos intervenido… Y por eso lo hicimos así, para cobrarlo todo junto.  De hecho, cuando hemos tenido que hablar de su caso con los periodistas, por ejemplo, respondíamos por todas las causas. Si tú me preguntabas algo de la sección sexta, yo también te respondía.

Sobre la asistencia de Manuel Ollé a la vista del Supremo en 1997, que también se facturó, pero que no se le pagó al propio Ollé: 

6.- Ollé asistió a la vista del Supremo en el asunto de la revisión, pero nada más. Esa fue su participación. Luego no participó en nada más. Pero yo no tengo nada que ver con Ollé. Es Claret quien tiene que entenderse con él. Después le dijimos a Ahmed, guárdate dinero para el recurso de Estrasburgo. No se guardó nada. Tuvimos un enfrentemaiento a raíz de eso. Y cuando Ollé participó en el recurso de Estrasburgo, ya no llegamos a cobrar nada.  

 

Jorge Claret ha declinado esta mañana comentar los hechos. 

 

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Malaguarismos

(Nota, 18 Febrero: Esta es la página 2 de la minuta, que no aparece enlazada en el texto).


La indemnización a la que tenía derecho Ahmed Tommouhi por la condena revocada de Olesa fue solicitada contra su voluntad en mayo de 1998. El libro cuenta cómo, y cómo lo sé. El caso es que cuando llegó aprobada, en abril de 2001, sus abogados, Jorge Claret y Pedro J. Pardo, le convencieron, después de varias visitas a la cárcel, para que aceptara el dinero. A la mañana siguiente los abogados retiraron algo más de dieciocho millones de pesetas de la delegación de Hacienda en Gerona, metieron el dinero en un maletín y cruzaron la plaza hasta una sucursal del BBVA que había a 200 metros, donde le ingresaron algo más de 12 millones en la cuenta a su hermano, Omar Tommouhi, que los acompañaba.

Un día tuvieron que justificar esos casi seis millones de diferencia que se habían cobrado. Echaron mano de las “Normas Orientadoras del Il-lustre Col-legi d’Advocats de Barcelona, en su 14ª edición (mayo de 1994)” y fabricaron esta minuta. El resultado es fabuloso. Más allá de los malaguarismos contables  –restaron 660.000 pesetas que el hermano de Tommouhi había pagado durante los años noventa por adelantado, en lugar de sumarlas, de modo que acabaron esfumándose del Total: 5.943.000 ptas; o el descuento del 20% que anotaron: “por características de cliente y referencia al asunto”, queriendo decir por pobre e inocente que sigue en la cárcel–, la verdad es que lo estafaron engañaron:

Facturaron 400.000 pesetas por un procedimiento que no habían llevado ellos, como este de la Sección Sexta, que llevó de oficio Desiderio Fernández:

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O este otro de la Sección Novena, que también llevó de oficio Pere Ramells, y por el que facturaron la misma cantidad. En este añadieron un supuesto recurso de casación que nunca se presentó. 

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En fin, se cobraron también el trabajo de Manuel Ollé ante el Supremo, 

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pero se olvidaron de pagarle. “Yo no cobré un duro, cero patatero”, decía Ollé hace unas semanas en su despacho de la calle Goya, en Madrid. 

El abogado Pedro J. Pardo dejó la abogacía en agosto de 2008. Hoy es juez. Jorge Claret sigue en el foro, como él mismo decía la noche que nos vimos en su despacho en octubre pasado. Ninguno quiso hablar de la indemnización.

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Decir es hacer

Jamal Benali y Mostafá Zaidani durmieron con Ahmed Tommouhi en una pensión de Terrassa el fin de semana del 9 al 10 de noviembre de 1991. El lunes 11, Tommouhi y Zaidani fueron detenidos. Este último fue puesto en libertad sin cargos después de la detención en Barcelona, el miércoles 13,  de Abderrazak Mounib, el otro marroquí condenado junto a Tommouhi por las violaciones de Tarragona. Estas violaciones (I y II) se cometieron la noche del sábado 9 al domigo 10, y Tommouhi siempre declaró que esa noche él estaba durmiendo en la pensión. Sus abogados, Claret y Pardo, nunca llamaron a declarar ni a Benali ni a Zaidani. Yo los he encontrado.

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Conversación con M.

El 25 de abril de 2006, sobre las 21,58 horas, llamé a M., la chica violada en Olesa en 1991. Enseguida supo por qué la llamaba, qué era el “caso de Ahmed Tommouhi“. “Cómo no me voy a acordar”, dijo.  Hablamos unos veinte minutos.

Yo estaba preparando un programa de radio: cuatro días después se cumplían siete años sin que el Gobierno hubiera resuelto el indulto de Tommouhi, y queríamos preguntarle al ministerio de Justicia los motivos del retraso. “Y qué quieres que yo te diga; como comprenderás no voy a estar a favor de eso”, dijo. 

Esa postura me sorprendió. Era la segunda víctima con la que hablaba, o mejor dicho: la segunda chica violada, porque también había hablado con Álex, testigo apaleado de otras violaciones. Ella, sin embargo, es la única cuyo caso fue revisado: se analizaron unas muestras, años después de los hechos, y el ADN señaló que los violadores eran Antonio García Carbonell y un pariente suyo, y que Ahmed Tommouhi y Abderrazak Mounib, el otro marroquí que llevaba años en la cárcel por estos hechos, eran inocentes. 

“Yo al segundo juicio ni entré”, dijo. Es una frase que sitúa muy bien esta historia. Mucha gente se empeñaba entonces que el caso Tommouhi no saliera de un recipiente muy concreto, fijo: en un asa, el día de su detención y en la otra, el día que se leyó la sentencia del último juicio, en enero de 1995. Se tapa la olla, se pone a fuego lento, y que se cueza en la cárcel. Las víctimas son algunas de esas personas. Por razones perfectamente comprensibles. M. descansó el día que condenaron a Tommouhi y a Mounib, y desde entonces, dijo, no quiere “saber nada”: “Lo único que quiero es olvidarlo”. 

La olla se desbordó un día. La parte que le toca a M. ha sido hasta hoy la vía de escape más gorda. Por ahí se fue una de las condenas, revocada por el Tribunal Supremo en 1997, y hubo que repetir el juicio, un segundo juicio, en 1999. “Es que ni lo vi. Se declaró culpable y ya está”. Antonio García Carbonell había sido condenado también por una ola de violaciones cometida durante la primavera de 1995. 

M. sigue al teléfono. “No entiendo por qué al principio sí que eran unos y luego otros. Si eran los mismos análisis; no sé, de verdad que nunca he entendido el por qué.” M. tiene una visión muy imprecisa del caso: “sólo yo y otras dos chicas denunciamos”. En verdad denunciaron nueve. Sus ganas de olvidarlo todo van dando resultado: “sólo apareció ADN de uno, del que se murió”; “el otro sigue en la cárcel, pero es que pudo ser él”. Le expliqué que no, que el análisis arrojó el perfil genético de dos hombres distintos. 

-¿Y por qué no detuvieron al otro también?”, reclamó.

-No lo detuvieron porque no saben quién es; sólo saben eso, que es un familiar muy cercano suyo. Pero si a esa persona no se le extrae, como a García Carbonell, sangre que pueda compararse con los restos que sacaron de tu ropa, pues no se puede saber quién es. 

-No sé, la verdad, por qué al principio no había ADN y luego sí. 

-No es que no hubiera ADN. Lo que pasaba en 1991 es que la técnica no estaba todavía tan desarrollada como en 1997. Se analizaron los mismos restos, y la segunda vez sí que se puedieron extraer resultados…

-No sé, mira, ya me da igual todo, ¿sabes? Yo lo único que quiero es no volver a pensar en aquello. Que nadie me vuelva a hacer daño, que yo no haré daño a nadie. Y te entiendo a ti, que desde tu punto de vista, como periodista, quieras sacar el tema y que te parezca que estos señores son inocentes. Pero yo los vi, yo sé que son ellos. Yo los vi y mi cuerpo me dice que son ellos. Y a mi nadie me va a decir lo contrario. 

M. hablaba serena, encadenando las frases despacio pero sin pausas. A veces con contundencia. Cuando pasaba demasiado tiempo entre párrafo y párrafo, le preguntaba algo, me justificaba.

-A lo mejor hay una persona inocente en la cárcel, dije.

Ahmed Tommouhi seguía entonces en la cárcel. Abderrazak Mounib había muerto en abril de 2000, tres años después de que se descubriera el error. 

-Ya, pues lo siento, dijo. Yo también he sufrido lo mío, todos hemos sufrido…Si son inocentes, ¿por qué no los han indultado ya? A mí si tienen que indultarlos, que los indulten, tanto me va a dar. 

El Gobierno denegó finalmente el indulto el 30 de abril de 2008, nueve años, exactamente nueve años después de que lo hubiera solicitado en su favor el entonces fiscal jefe de Cataluña, José María Mena. Ahmed Tommouhi, en libertad condicional, sigue condenado por otras tres causas y un único motivo: que las víctimas, como M., lo señalaron.

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Es tarde para corregirse

Desde hace un tiempo, organizo todo el trabajo en base a esta sóla consigna: aprieta los dientes y no mires para atrás. Así que a menudo vengo aquí con la misma noticia, pero distinto formato:  “cabalgo”. La falta de tiempo está obligándome a tomar decisiones sobre la marcha, para solucionar ciertos problemas formales, que sorprenderán al trasluz de lo que he ido anunciado aquí: el capítulo más caprichoso, por ejemplo, se ha trasnformado en algo totalmente distinto y, estoy seguro, mucho mejor. El work in progress se está imprimiendo en la estructura del libro de una forma mucho más marcada de lo que imaginaba, y me gusta.  A partir del próximo lunes, sin embargo, si es que llego por fin a enviar el  manuscrito, desgranaré aquí lo más importante que todavía no he dicho –porque no lo he terminado de escribir–. Creo que febrero será un mes interesante y no sólo porque vaya a ser el último. 

Mientras tanto, y por si acaso, que vayan subiendo los títulos de crédito con esta música de fondo.

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La desaparición del público (bosquejo)

1.- (El público). Los juicios pactados que van imponiéndose como la forma más habitual de administrar justicia –en España más de la mitad de los penales se resuelven ya por acuerdo entre las partes—más allá de las ventajas e inconvenientes prácticos que puedan atribuírsele, sellan un principio teórico indiscutible que pocas veces se advierte: la irrelevancia del público. La justicia administrada mediante acuerdos, por mucho que sean públicas la instrucción y la sentencia, se desprende del público, de su función y garantía epistemológicas. El público no es sólo la fuente de legitimidad en cuyo nombre se dicta sentencia –el “S. M. el Rey” es sólo su concreción simbólica, un signo–, es también el ojo común que puede fiscalizar la representación de lo ocurrido. Si la justicia ha tenido que abrirse, desde el oscuro rincón medieval donde se obtenía la verdad por confesión del acusado, hasta la retransmisión en directo y por televisión del juicio del 11-M es también porque se sobreentiende que la verdad que el tribunal tenía que dilucidar no escapaba a la razón común, sino que era una verdad al alcance de cualquiera, y que por tanto podía dilucidarse a la vista de todo el mundo. “Una verdad empírica, pública e intersubjetivamente controlable”, según los términos de Ferrajoli. Nadie, por más que pueda pervertirse esa garantía de lo mismo que en orígen era la convicción del juez, puede pretender que una condena basada en la íntima convicción del juzgador, en un motivo incomunicable, sea justa. La justicia trabaja con la hipótesis de que se puede obtener esa verdad comunicable, intersubjetiva y cierta. Todo eso ha desparecido en los juicios a consenso, porque lo único que debe comunicarse es el acuerto en sí, no el fondo real sobre el que se recorta, pudiendo negar así que algo ha ocurrido, aunque haya ocurrido, y todo el mundo lo sepa. Lo más habitual, sin embargo, es que se pacte que ha ocurrido algo, a pesar de que nadie haya visto nada. Nadie que no sea una de esas figuras que condensan y a la vez subliman, el fantasma del público. Los arrepetidos o los testigos protegidos son el ejemplo de mayor proyección internacional. Las víctimas de delitos sexuales en España, sobre todo si son menores, encajan sin desmerecerlo en ese mecanismo de la ausencia: su palabra suele sustraerse a la discusión común, y así revela una verdad incomporable. No digo que no haya psicólogos, psiquiatras incluso expertos forenses que la certifiquen, pero se trata sólo de un análisis interno de su coherencia, que no se compara con la incoherencia del mundo. Los juicios a puerta cerrada, como este de Tarragona, escenifican dicha desaparición.

2. (Subir las persianas) Las víctimas en general, y las víctimas de delitos sexuales, muy en particular, reclaman el anonimato. Los juicios a puerta cerrada son una consecuencia directa de esa idea tan extendida de que respetando su derecho a la intimidad, estamos poniéndonos de su parte. Más allá de las cuestiones que plantea esa desaparición del público como juez de los que administran justicia, que es un problema político de graves consecuencias jurídicas, no estoy ni siquiera seguro de que ese sagrado anonimato sirva a su pretendida intención de proteger a las víctimas.

El crimen es una forma de negación. No sólo física. Estos que violaban, parece una obviedad que necesitaban primero reducir al otro a lo que ellos imaginan que es. Esta idea está presente en la mayoría de las declaraciones de las víctimas, las de La Secuita con incisiva evidencia. El insulto parece una forma de facilitarse el crimen, o por lo menos lo precedía a menudo. En consecuencia, la réplica de las víctimas, redoblaba los insultos y los golpes que recibían. Los violadores pedían sobre todo dos cosas: que las chicas se callaran, o que repitieran lo que ellos querían oír: que eran “unas guarras”, por ejemplo. Las dos redundan en lo mismo: en negarlas.

La violación sigue siendo, en gran medida, un tabú. Por supuesto que entiendo que las víctimas no quieran mostrarse en público. Nadie en su sano juicio puede pretender que no sea compresible. El dolor no puede ponerse en común. Lo que no tengo tan claro es que se trate de una decisión estrictamente personal. Un tabú es un silencio generalizado. El trauma sufre el tabú en carne propia.

Un silencio generalizado, pero también una forma de estar de acuerdo, sólo que secretamente compartida. Que no es lo mismo. Apuesto a que nadie aplaudiría con tanta firmeza ese tabú como el médico aquel que trató a las chicas de La Secuita “como si fueran unas frescas”, según contó uno de los padres al juez. Quien más allá de comprenderlo, defiende ese silencio como un acto de reparación con las víctimas, en el fondo comparte el mismo fetichismo impotente que el violador: que las chicas tuvieron su parte de culpa. Sólo quiero reiterar con esto que comprendo el trauma, pero que no he movido un dedo por el tabú. Las he llamado por teléfono y les he escrito. Sólo G., una de las chicas de Cornellà, aceptó hablar en más de una ocasión: en dos.

3.- (La víctima absoluta). Otra cosa es la figura jurídica que sobre la alfombra de ese tabú camina. El mal absoluto que cada vez más representa el agresor sexual, mucho más absoluto si pederasta, fragua su correspondencia lógica: la víctima absoluta con un derecho ilimitado a que se repare su daño. El derecho ilimitado y el no-derecho, sin embargo, son lo mismo, y su reivindicación difumina muchas de las fronteras sobre las que se sostiene el ejercicio y la posibilidad de la justicia: el viejo Hágase la Justicia y perezca el mundo está de actualidad. Lo peor de la gran inversión que propugnaba Margarita Robles en 1991: “Como jurista pienso que lo que no se puede hacer es invertir el enjuiciamiento y exigir a la víctima que demuestre su inocencia.”, es que probablemente ha triunfado. La imposibilidad ontológica de demostrar la inocencia, que es lo que está pidiendo esa reinversión, deja al acusado, a falta de evidencias fácticas que alcancen al entendimiento del tribunal, a expensas del convencimiento de quien lo acusa. La distancia entre los hechos y el derecho, ese reducto en el que se mueven los jueces, los periodistas y el público de toda verdadera democracia, es el primer límite que clausura la pretensión de que la palabra de la víctima debe sustraerse a la discusión común y el escrutinio público, como si la culpabilidad estuviera siempre fuera de toda duda. El único argumento de las víctimas que es indiscutible, sin embargo, es éste: “Estoy convencida”. El resto deben estar expuestos al mundo con el que, quieran o no, limitan.

El “informe” confindencial de O.

Tommouhi, los notarios, Artur Más y la televisión.

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Atando cabos

El lunes publiqué unas notas sobre García Carbonell y sobre la otra identidad  que consta en su ficha policial: José Jiménez A. . Estupefacto encontró el rastro de otra persona con ese mismo nombre, y enlazó en los comentarios diversos documentos que lo identificaban. B.T. llamó la atención sobre las quizá infundadas sospechas, y –entendí yo– contra el uso y abuso público de la identidad del también llamado José J. A. Luego he pensado que no, que B.T. llamaba la atención contra el uso y abuso del historial de García Carbonell, contra el que podríamos estar cometiendo “los errores que otros cometieron con Ahmed Tommouhi y Abderrazak Mounib”.

La advertencia de B.T. es útil, referida a cualquiera de los dos abusos. Me doy cuenta de que quizá si hubiera publicado la segunda identidad de García Carbonell con iniciales, sin alguno de los dos apellidos al menos, nos habríamos evitado el error de estar comparándolo con ese otro vecino de Tarragona, que se llama igual, y que nada tiene que ver con esto.

Es una interesante llamada de atención sobre las consecuencias que tiene cualquier publicación, por mucho que se insista en que se trata sólo de una “hipótesis”, un borrador, o un rumor. No descubro el mediterráneo, pero reconozco que, quizá relajado por el paso de los años (se trata de unos hechos de 1972), descuidé ese principio fundamental: que precisamente porque las mentiras tienen consecuencias enteramente reales, deben evitarse también las verdades a medias.

Respecto de la segunda posibilidad, que estuviéramos abusando de las sospechas sobre García Carbonell, sigue sin parecérmelo. El rigor y fundamento de los “antecedentes” –atestados sobre hechos ocurridos en un lugar y tiempo concretos–, que ciertamente no comprobé, no afecta a lo principal aquí: el registro de diferentes identidades (que son tres, por cierto, no dos; aunque la tercera fue usada en muy contadas ocasiones) bajo una misma huella digital , que es lo que yo vi, y  sostengo.

Y sí, respecto de los comentarios de Tote y Estupefacto sobre las consecuencias legales de la edad, ésa es la principal: podría acogerse a beneficios penitenciarios que, naturalmente, no le corresponden.

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