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La continuación del periodismo, pero por otros medios.

Justicia creativa: los nombres de la cosa

A medio camino entre la justicia y la ley, los árbitros del TAS han descubierto un concepto que podría llamarse justicia creativa. Otros lo podrían llamar sentencia con final abierto, como si fuera una novela del nouveau roman o una película de la nouvelle vague, y criticar su ambigüedad como ilógica –decretando que el arma homicida es un suplemento nutritivo contaminado desconocido han logrado dar vida a un descubrimiento de hecho basado en una prueba cuando al mismo tiempo reconocen que no hay prueba–, pero nadie le podrá negar la virtud de que hace feliz a todos los actores implicados. Y eso cuando, dada la duración laberíntica de todo el proceso, previamente se había llegado a la conclusión unánime de que dejaría descontentas a todas las partes. Es la sentencia perfecta, claro.

Justicia creativa, Carlos Arribas, El País, hoy.

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En el juicio a Garzón, apoyado en una columna

Querido M.

Me preguntabas en tu último correo por el segundo juicio a Garzón. “¿Y nos vas a explicar qué pasa con Garzón?”, refiriéndote seguramente a este blog. De momento, no puedo hacerlo, porque lo que ha me ha llevado hasta allí impone, por ahora, un caballeroso pacto de silencio. Tampoco sé si alguna vez lo romperé. Pero no me resisto a cortar y pegar aquí una columna que he leído al llegar casa, después de la sesión de hoy, en la que han seguido declarando familiares y testigos, víctimas. Es, probablemente, una de las columnas más importante y  más verdadera, que se pueda leer hoy (aunque se escribió hace una semana) en un periódico español. Pero mucho me temo también que es una de las más inútiles. Un abrazo transatlántico.

La politización de la justicia

El propósito del ministerio de Justicia de devolver a los jueces la capacidad de autogobernarse es un acierto. Cualquier insistencia en desvincular la relación automática de la justicia con la soberanía popular es positiva. Por desgracia esta medida es condición necesaria, pero no suficiente para acabar con la politización de la justicia. España ha tenido una justicia subordinada a la política cuando el Parlamento ha elegido a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y también cuando los han elegido los jueces. Los responsables principales de esta situación han sido los propios jueces y uno de los aciertos de esta devolución prevista es que deja en sus manos la solución del problema y los subraya con el dedo de la responsabilidad.

Pero no será fácil. Los jueces españoles están inmersos en un sistema cultural donde la objetividad de las decisiones está arruinada. Donde nadie, ni jueces, ni historiadores, ni periodistas ni políticos, y ni siquiera algunos científicos, se muestran dispuestos a reconocer la huella de lo real fuera del rígido zapato de sus convicciones. El problema no es únicamente español, pero no conozco otro paisaje epistemológico donde el desprecio a la objetividad sea tan evidente y ofensivo. No es una u otra decisión política la que nos ha llevado hasta esta situación, sino una cultura. Una cultura y, sobre todo, una pereza.

La objetividad es difícil. Exige más gasto cerebral. Y también económico. Cuanto más precarias son las comunidades más es el grupo un garantía de supervivencia. Y la politización de la justicia sólo es un intento de buscar la protección del grupo. Obviamente esa protección implica no contrariar las decisiones colectivas, y no contrariar las decisiones colectivas supone muchas veces renunciar a las propias. Cuando alguien se asombra de que en los partidos políticos no existan voces disonantes el asombrado soy yo: la voz disonante requiere de una cierta disponibilidad económica. No sólo en los partidos políticos: en cualquier institución poderosa. Cuando se dice, e incluso con ínfulas intelectuales, que la objetividad no existe, lo que se está diciendo en realidad es que no podemos pagarla. También les pasa a los periódicos: las opiniones son baratas. ¡Los jueces se politizan porque tienen que vivir!

En la politización hay, por último, poderosas razones psicológicas: la objetividad da soledad y frío.

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Tommouhi y Mounib: Veinte años después

1.-Hoy hace veinte años que Ahmed Tommouhi fue detenido en una pensión de Terrassa porque era bajito, regordete y tenía entradas. Abderrazak Mounib, que tenía bigote, fue detenido en una plaza de Barcelona dos días después: el 13 de noviembre de 1991. Aunque no se conocían ni tenían antecedentes, fueron condenados como una pareja de violadores en serie.

2.-El Tribunal Supremo reconoció, seis años después, que habían sido condenados siendo inocentes: la víctima de Olesa que los señaló, según demostró el ADN, se había equivocado. El reconocimiento por parte de las víctimas había sido la única prueba de cargo en todos los casos. También en la violación que ha reabierto un juzgado de Blanes, Gerona, esta primavera pasada.

3. Tommouhi sigue hoy condenado por otra violación,  la de Cornellà, a pesar de que el semen hallado en la zona vaginal de la braga de la chica era de otro hombre. La ponente de esa sentencia, Margarita Robles, ex Secretaria de Estado de Interior y ex Magistrada del Tribunal Supremo, no entendió el informe de los peritos. Esto, que se señaló por primera vez en Justicia poética, nunca se ha alegado ante ningún tribunal. Robles es hoy vocal del Consejo General del Poder Judicial.

4. El 26 de abril de 2000, tres años después de la absolución del Supremo, Mounib amaneció muerto, de un infarto, en su celda de Can Brians. De esa misma cárcel, Tommouhi tardó otros seis en salir en libertad condicional. Tres años después, en abril de 2009, cumplió íntegra su condena. Mounib está entrerrado en su ciudad natal, Fez.

5. En noviembre de 1991 se habían cometido, con el mismo coche que la de Cornellà, varias violaciones más en Tarragona y Gerona. Por las de Tarragona fueron condenados Tommouhi y Mounib. Una de las de Gerona, cometida en Blanes, y aunque la víctima y su novio señalaron también a Mounib (su acompañante, declararon, llevaba la cara tapada), sigue impune. La noche que se cometió, Mounib y Tommouhi dormían ya entre rejas.

6. Esa violación de Blanes sigue impune (aunque ahora vuelva a ser un caso abierto) porque el ex fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, nunca pidió que se analizaran las muestras de semen tomadas en el hospital, la noche de autos. El informe que las identificaba estaba en el mismo sumario que la causa revisada de Olesa, unos folios más adelante. Mena está jubilado. El marido de la víctima, a quien me dirigí hace unas semanas, no ha respondido a mi escrito.

7. Esta primavera pasada, la causa fue reabierta por un juzgado de Blanes. Las muestras de semen conservadas en el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid, tal y como señala Justicia poética, podrían identificar al menos a uno de los violadores de Blanes: el sospechoso, Antonio García Carbonell, y su cómplice no identificado, ya fueron confundidos con Tommouhi y Mounib en el caso revisado de Olesa. Un ciudadano, Manuel Borraz, gracias al cual se ha reabierto el caso, solicitó que se analizaran esas muestras. A día de hoy, no hay (ni tengo) noticias de los análisis ni de la situación procesal de la causa.

8. La misma noche que la de Blanes se cometió otra violación, dos horas antes, a las afueras de Girona. La noche de autos, la Guardia Civil relacionó ambos asaltos, y así consta en el expediente judicial de Blanes que la fiscal y la juez de Blanes tenían sobre la mesa el día que estuve en su juzgado preguntando si de verdad habían reabierto el caso de Blanes. Les pregunté, tanto a la fiscal como a la juez, si la violación de Girona no podría también reabrirse. La fiscal me pidió que lo denunciara yo mismo en el juzgado de Girona. ¿En los juzgados de lo penal o en la Audiencia?, le pregunté. “Vaya a los dos, están muy cerca, y así hace usted un poco de turismo”, dijo. La juez aseguró que su juzgado haría lo que correspondiese hacer.

9.- Tras la aparición de “Ahmed Tommouhi, el punto ciego de la justicia española“, un artículo que publiqué hoy hace justamente un año en Público, la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, me llamó al periódico, preocupándose sobre el caso. No recordaba que durante años ella misma había contestado, como adjunta al entonces Defensor Enrique Múgica, a las preguntas que sobre el caso había planteado a su oficina el ciudadano Manuel Borraz. Quedamos en que me volvería a llamar a la semana siguiente. No lo hizo, y desde entonces no hemos vuelto a hablar.

10. La segunda violación se cometió en Girona, sobre las diez de la noche del 25 de noviembre de 1991. El caso, que instruyó el juzgado nº 4 de la ciudad, está archivado desde entonces. La actual titular de ese juzgado, Loreto Campuzano, después de revisar el sumario, me confirmó que se trataba del mismo supuesto que el de Blanes (una violación doble por agresores armados)  y que podría, por tanto, reabrirse, porque tampoco habría prescrito. Para ello, me animó, podía presentar yo mismo un escrito solicitándolo y señalando qué indicios relacionaban el caso de Blanes y el de Girona. Ese mismo día, puse los hechos en conocimiento de la Fiscalía provincial de Girona, a través de la secretaria del fiscal jefe. “El fiscal ya le digo que no podrá recibirle”.

11. A día de hoy, ni la fiscal ni la juez de Blanes, ni la fiscalía provincial han hecho nada para que se reabra ese segundo caso. Yo, y el juzgado de Instrucción número 4 de Girona, tampoco. Pero hay una diferencia: tanto el juzgado de Girona (según he confirmado esta misma mañana) como yo mismo nos hicimos la misma pregunta: ¿se conservarán muestras también de esta violación? Y resultó, hasta donde yo sé, que no. Lo cual, dicho sea de paso, no tiene nada que ver con una verdadera investigación: para eso habría hecho falta comparar los atestados y declaraciones de las violaciones de Blanes y Girona. Porque aunque no haya muestras de esta segunda, sí podría, por ejemplo, aparecer reseñada la matrícula del coche de los autores, quizá algún rasgo significativo de su descripción, que podrían relacionar los hechos con la violación de Blanes (y con el coche con el que se cometió esta segunda, porque sobre ese vehículo hay abundante bibliografía policial y judicial). Pero en fin: eso sería hilar demasiado fino a estas alturas. Así que, ahora sí, [esta violación de Girona, a diferencia de la de Blanes] prescribirá el próximo 25 de noviembre.

12.- Hoy, Ahmed Tommouhi vive, sin permiso de trabajo ni residencia, con su hijo Khalid en un pueblo de Barcelona. En estos veinte años, Tommouhi no ha vuelto a ver a su mujer ni a su hija mayor, que viven en Nador, a cinco kilómetros de la frontera española de Melilla. Guadalupe Espinel, una estudiante argentina de la Escuela de Cine de Barcelona que ha realizado un documental sobre el caso, La justicia de las serpientes,  fue a verlas a Nador.  “Yo nunca hablé con mi marido desde que entró en prisión. Nunca escuché su voz ni él la mía. Confié en él, no le era posible llamarme y yo tampoco le podía llamar. Estaba el mar entre él yo: yo no podía ir hacia él ni él tampoco podía venir hacia mí”, dice la voz en off y subtitulada de su mujer, sobre un plano de las aguas embarradas turbias del mediterráneo. Su hija mayor añade: “Hace veintiún años que no le veo. Si me lo encontrara, no lo reconocería”.

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El Colegio de Abogados de Barcelona se desentiende de la estafa de dos letrados

Casi un año después de que se publicara en el periódico que dos abogados de Barcelona  habían estafado a un marroquí condenado por error, aprovechándose de que no sabía leer, el Ilustre Colegio de Abogados ha resuelto archivar el caso. “Se acuerda el archivo, sin más trámites”, se lee en la resolución que el ICAB ha comunicado a Ahmed Tommouhi.

Mi noticia de Público se hacía eco de lo ya publicado en un capítulo de Justicia poética: Jorge Claret y Pedro J. Pardo, abogados a los que Tommouhi había pagado casi siete millones de pesetas en 2001, hincharon la minuta con procedimientos que no habían llevado ellos. En concreto: el caso de Terrassa, que llevó Desiderio Fernández; el de Cornellà, del que se encargó de oficio Pere Ramells, e incluso le cobraron al condenado el recurso que en su contra presentó el fiscal de este último caso. Todo está detallado aquí.

El Colegio de Abogados de Barcelona abrió hace un año un expediente informativo. La resolución, firmada por la presidenta de su Comisión de Deontología*, ha comunicado ahora el archivo en base a las dos razones que los propios letrados alegaron en su descargo el pasado 9 de mayo: que los hechos habrían prescrito y que Tommouhi firmó la minuta, dando  su consentimiento.

Pero la presidenta Esther Cánovas Artigas matiza su resolución con un comentario original: que el Colegio (“esta Corporación”, dice) no puede entrar a valorar  “las circunstancias personales e intelectuales del Sr. Tommouhi” a la hora en que dio su consentimiento. Una originalidad frente a la que merece la pena repetir algunas obviedades.

Primero, por si la ambigüedad del sintagma “circunstancias personales e intelectuales” reflejara que la señora Cánovas cree sinceramente que Tommouhi, además de que estaba en la cárcel, es tonto: No, es sólo que no sabe leer. Pero no lo creo: la ambigüedad de la expresión, que por cierto mezcla el dominio de una técnica (la lectura) con una facultad (la inteligencia), confunde sobre todo porque quiere dar a entender que el delito se disuelve en la inconsciencia con que la víctima lo recibe.

Los hechos descritos, sin embargo, no dependen de ninguna valoración técnica ni moral. La minuta no se hinchó porque los honorarios fueran más o menos altos, sino porque facturaron procedimientos en los que no habían trabajado. Precisamente porque Tommouhi estampó sobre eso su firma analfabeta, hablamos de estafa y no, pongamos, de robo.

Por último, el Colegio demuestra no tener siquiera carácter corporativo. Si sus colegiados le mereciesen todavía, más allá de su condición numeraria, algún respeto, debería haber aprovechado al menos para mostrarlo, en lugar de insinuar que no puede hacer nada por un analfabeto preso. Porque la estafa se fraguó sobre el trabajo de dos letrados de oficio (da igual ahora que Fernández estuviera colegiado enTerrassa), en cuyo nombre Pardo y Claret obtuvieron el beneficio.

No dudo de que los hechos, a efectos disciplinarios, hayan prescrito (aunque por lo civil, podrían necesitar hasta quince años). Pero no hay duda tampoco de que el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona ha llegado a tiempo para mostrar su desentendimiento cómplice.

*A fecha de la resolución: 17/5/2011

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Creación e interpretación

La pretensión poética de tanto filósofo cuya obra parece obsesionada por la invención de un estilo artístico más aún que de un juicio recto; la pretensión crítica de tanto artista que expone sus obras como juicios morales, filosóficos, ideológicos o benevolentes, confunde los dos órdenes en uno que no cumple ni con la creación angélica ni con la interpretación salvadora del sentido. Hasta aquí, brutalmente resumido y en esqueleto, el ensayo de Agamben.

En su traslado a la política, se diría que la actividad técnica y productiva, fuera esta la fundación de ciudades y sociedades justas, la redacción de leyes, su ejecución o la aplicación jurídica de las mismas que luego debía ser interpretada, explicada y criticada por los medios libres, se han fundido enteramente en un acto único. El conglomerado resultante es una máquina colosal que se autoalimenta sin finalidad ni propósito. Un monstruo sin cerebro que no sabe adónde ir y que solo lucha por permanecer.

Sobre la división de las impotencias, Félix de Azúa, El País, 7 de Octubre 2011.

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El referéndum de lo real: de Sarah Palin a Troy Davis

“Para probar la teoría de la vida hipócrita de Palin, el escritor asegura que la idílica imagen que Palin ha construido de ser una hockey mom modélica está muy lejos de la realidad. Puede que la hora política para la Casa Blanca de Sarah Palin haya pasado. Cuando McGinniss escribió el libro se daba por hecho que sería una seria contendiente dentro del Partido Republicano para luchar contra Barack Obama en 2012. Sea como fuere, quienes la detestan se creerán el libro a pies juntillas. Para quienes la idolatran… más propaganda liberal. Ustedes deciden.”

Palin, ¿infidelidad y drogas?: Yolanda Monge, El País, 18/09/2011

*******

“La pena capital está en tela de juicio tras lo sucedido en Georgia en la noche del miércoles (la madrugada del jueves en España), cuando Troy Davis fue ejecutado legalmente a pesar de que nunca hubo pruebas determinantes en su contra y de que la gran mayoría de los testigos que en el momento del crimen volvieron su dedo acusador contra él se retractaron luego de sus declaraciones.

[…]

Las encuestas dicen que un tercio de los estadounidenses creen que se ha ejecutado a un inocente.

Davis, símbolo contra la pena capital. Yolanda Monge, El País, 23/09/2011

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Gárgaras legales

Principios y derivas de la justicia poética (XII)

El último libro de Janet Malcolm, Iphigenia in Forest Hills: Anatomy of a murder trial, describe el campo de la justicia como una batalla entre dos relatos antagónicos en el que triunfa, no el que más se ajusta a la verdad de los hechos, sino el más consistente. Narrativamente hablando. Mucho de todo eso había ya en su anterior The Crime of Sheila McGough. 

Eso es más o menos lo que yo quise atrapar también con la expresión “justicia poética”. Hay un rasgo, sin embargo, que Malcolm subraya (y sobre el que, de hecho, la neoyorkina ha levantado toda su obra, según esta crítica del Guardian), en el que yo no había reparado lo suficiente y que ahora se me aparece como decisivo a la hora en que los jueces se sientan a escribir sus sentencias. Si luego sus relatos aparecen a veces tan llenos de costuras, torpes atajos con los que buscan mantenerse pegados al tejido de lo real, pero que los acaban devolviendo siempre al interior del texto de la sentencia, no es sólo por pereza, falta de verificación, o soberbia. Por encima de todo eso despunta nuestra inclinación para el autoengaño.

Salvo Manuel Borraz, que es quien me lo ha recordado a mí, nadie se acordará ya de Touhami Handaoui, un marroquí que murió a finales de julio pasado en un hospital de Teruel. Estaba preso, llevaba cinco meses en huelga de hambre y dos años y  medio condenado por una agresión sexual que había sufrido una chica en una urbanización de Torrevieja, Alicante, el 28 de diciembre de 2003. Handaoui, albañil, soltero [según la sentencia, aunque con esposa e hijo según El País] y sin familia en España, habría cumplido 41 años el 1 de octubre próximo.

Los artículos que Marta Garú escribió en el Heraldo de Aragón durante el último mes de vida de Handaoui, y el que publicó post mortem Jesús Duva en El País, son los únicos reseñables de un inventario que se reduce a una lista de teletipos, corta y pega y descanse en paz. (En fin, para quien se lo pregunte: yo supe de esta historia cuando ya no trabajaba en Público). Ninguno, sin embargo, llegaba a encararse con el hechizo del caso y su aterciopelado encaje en el autoengaño colectivo.

Digo autoengaño colectivo porque, contra lo que pueda parecer, a nadie debería tranquilizar que se condene a un hombre  (por mucho que sea moro y esté solo) por violación (por mucho que la víctima esté convencida de que él es su agresor) sin que la investigación haya movido un dedo para contrastar la palabra que lo señala. Sobre todo si, contra el señalamiento, consta en el expediente que el semen recogido de la ropa que la chica llevaba puesta aquella noche del día de los inocentes, era de otro hombre. Y aunque la víctima tenga 13 años.

Menos aún debería tranquilizarnos que eso pueda pasar sin que nadie haga públicos, para empezar, los nombres de los tres máximos responsables: D. José de Madaria Ruvira, Dña Gracia Serrano Ruiz de Alarcón y D. José Teófilo Jiménez Morago, el ponente, que firmaron su sentencia el 23 de febrero de 2009, en Elche. Handaoui murió el 24 de julio pasado protestando contra esa condena.

Y digo que no se encaran con su hechizo central, a pesar de que en sus artículos, Garú hiciera constar que:

Llama la atención, sin embargo, que la única prueba biológica –un resto de semen– que se recogió en la cazadora de la víctima no corresponda con el acusado.,

porque esa frase incisiva, con la que Garú abre el último párrafo, se diluye luego entre todas las comillas con las que sostiene el argumento del tribunal: que es “irrelevante”, que “no afecta” a la credibilidad de la víctima, o que la cazadora era de una “amiga íntima”, como si el hecho de que fuera “íntima” normalizara el que se la pudiera haber prestado manchada de semen.

Y muy a pesar también de que Duva contara en el suyo la escalofriante estupidez con la que nuestro Estado de Derecho confunde la investigación con la casualidad, cuando de detener a un cabeza de turco se trata:

Fue al cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja (Alicante) para realizar un trámite relacionado con su coche… y allí mismo fue apresado. Una menor que estaba en el cuartel reconoció su voz y desde el primer momento le acusó de ser el hombre que le había violado.

Empezamos bien, debieron pensar los agentes.

Los dos artículos, sin embargo, al glosar el razonamiento del tribunal dejan de lado la pista central. Los lectores de este blog ya conocen la cháchara: que si lo describió “con precisión“, que si las “500 fotografías” que había en el álbum, o que si los lamentos del abogado defensor porque el acusado “apenas le facilitó pistas o datos que sirviesen para desvirtuar las acusaciones del fiscal”. Ya sabemos que la justicia poética adorna siempre la culpa de sus cadáveres, después de  condenarlos porque no han logrado demostrar su inocencia.

Y lo más importante tampoco es cómo justifican su conclusión de que el semen de la chaqueta no tenía nada que ver con la felación de Torrevieja:

“distinto hubiera sido que la muestra de semen se hubiera obtenido en la boca de la menor”,

se lee en la sentencia. Porque, si tan finos eran los jueces y el fiscal, como para preferirlo en boca, que acartonado y seco, dado que además la chaqueta era de una amiga “que tenía un amigo aunque no sabe si mantenían relaciones sexuales”, bien podrían haber llamado a la amiga para preguntarle si las mantenía y si cuando se la prestó, iba manchada. Si hubiera dicho que quizá sí, tendrían que haberle preguntado el nombre del amigo, y una vez localizado, comparar su código genético con el de la mancha: y sólo entonces descartar, de confirmarse la coincidencia, la duda razonable que sobre la culpabilidad de Touhami Handaoui ese dato introducía. Pero claro, la amiga “se marchó a Murcia perdiendo el contacto”, así que los investigadores [ahora releo “investigadores” y me da la risa] prefirieron condenar al moro antes que marcar el prefijo de la provincia limítrofe, incluso si también empieza por 96. El Fiscal se llamaba José Antonio Artieda Gracia.

En fin, nada nuevo y nada que me hubiera hecho volver otra vez a esto, porque habiendo aceptado ya que lo relevante es lo a gusto que nos quedamos sabiendo, en este tiempo de barra libre, que alguien ha pagado por algo, ¿a qué interrumpir la siesta de los justos? Pero sí hay algo nuevo, o por lo menos algo que sólo ahora veo con su justa relevancia: lo importante son las gárgaras.

Las gárgaras con las que el ponente se autoengaña hasta creerse que la fuente del derecho mana por su boca:

Por otro lado, la credibilidad que merece la declaración de la víctima para este Tribunal no se ve afectada por el informe del Instituto Nacional de Toxicología (folios 93, 94, 146, 147 y 148) en el que se sostiene que el vestigio de semen aparecido en la cazadora de la víctima no pertenece al procesado, ya que resulta completamente irrelevante en lo que concierne a la calificación y punición del hecho delictivo, como en lo que atañe a la autoría del mismo. Lo primero porque el tipo penal no exige la eyaculación para su consumación”.

Lo segundo, por lo que ya he explicado del semen, la boca y la chaqueta.

Así que acabemos con lo primero. “El tipo penal no exige la eyaculación para su consumación”. Traduzco: no hace falta que eyacule para que los hechos deban calificarse como violación. Así que, en efecto, la muestra resulta “completamente irrelevante” para la “calificación” del hecho delictivo, pero nunca, y aquí es donde patina su prosa engrasada, puede resultarlo para “la punición del hecho delictivo”. Es así como el diminuto cuerpo del condenado, que aparentemente está sólo en la segunda parte del razonamiento, es encajonado a la fuerza, como en un viejo número de circo, en la primera. Porque no puede haber punición, castigo, sin castigado, y para llegar a él, en caso de violación, no hay prueba más determinante que el semen recogido en el cuerpo o las ropas de la víctima.

Pero, ¿cómo  va a ser irrelevante en un caso de violación la identidad del semen analizado? No puede serlo, desde luego, pero tiene que serlo: y de ahí toda esa gimnasia lingüística para que parezca normal lo inconcebible. Ésa es la descomunal fuerza con la que el autoengaño nubla la vista de los jueces y deforma la sentencia, que dictan a tientas. Frente a eso, que insistan además en que la muestra era “escasa”, como si importara el tamaño, es una gota de tinta en el océano. Tan inútil como esta entrada.

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Police Lineups Start to Face a Fact: Eyes Can Lie

By  and   Published: August 28, 2011

The decision by New Jersey’s Supreme Court last week to overhaul the state’s rules for how judges and jurors treat evidence from police lineups could help transform the way officers conduct a central technique of police work, criminal justice experts say.

In its ruling, the court strongly endorsed decades of research demonstrating that traditional eyewitness identification procedures are flawed and can send innocent people to prison. By making it easier for defendants to challenge witness evidence in criminal cases, the court for the first time attached consequences for investigators who fail to take steps to reduce the subtle pressures and influences on witnesses that can result in mistaken identifications.

“No court has ever taken this topic this seriously or put in this kind of effort,” said Gary L. Wells, a professor of psychology at Iowa State University who is an expert on witness identification and has written extensively on the topic.

Other courts are likely to follow suit, and in November the United States Supreme Court will take up the question of identification for the first time since 1977.

But changing how the nation’s more than 16,000 independent law enforcement agencies handle the presentation of suspects to witnesses will be no easy task, many experts say.

Around the country, the notion of change has met with resistance from police officers who remain skeptical about the research and bridle at the idea that they could affect the responses of witnesses, even unintentionally, which studies find is how most influence occurs.

In many communities, lineups are conducted in the same way they have been for decades, although typically these days they involve photos, not actual people. According to some estimates, only about 25 percent to 30 percent of jurisdictions have police departments that have revised their policies to protect the integrity of lineup procedures.

Although some states are studying revisions or require single changes in procedure, only two — New Jersey and North Carolina — mandate the two practices that researchers regard as most important: lineups that are blinded, that is, administered by someone who is not familiar with the suspect and who is not one of the primary investigators on the case; and photo arrays that are presented sequentially rather than as a group. Both practices, studies find, decrease the pressure on witnesses to pick someone and guard against influence.

The idea that human memory is frail and suggestible has gradually gained acceptance among leaders in law enforcement, buttressed by more than 2,000 scientific studies demonstrating problems with witness accounts and the DNA exonerations of at least 190 people whose wrongful convictions involved mistaken identifications. About 75,000 witness identifications take place each year, and studies suggest that about a third are incorrect.

Model policies for changing lineup procedures have been created by professional organizations like the International Association of Chiefs of Police, and in 1999, the National Institute of Justice released guidelines that were sent to every police department in the United States.

But the process of reform, Dr. Wells said, is “all over the place, it’s very spotty.” He added that he suspected many police departments simply deposited the federal guidelines, which he helped develop, “into their round files.”

Some large departments, like those in Dallas and Denver, have already made changes, often under the leadership of an administrator eager to keep up to the national standard or after DNA exonerations revealed mistaken identifications.

In Dallas, for example, detectives take elaborate precautions to make sure that identifications remain untainted and that they will stand up in court.

Witnesses are sent to a special unit of the Police Department devoted entirely to lineups, where they are read instructions and shown photographs by trained lineup officers who have no relationship to the cases.

Photos are presented one at a time instead of all together, and the witnesses then indicate how confident they are in their judgments. The whole process is videotaped, so that it can be viewed by defense lawyers and by the court, if necessary.

Lt. David Pughes, commander of the department’s homicide unit, said 5,000 lineups had been conducted in this manner since April 2009, when the policy was instituted, a major departure from the days when the investigating officers in criminal cases conducted lineups and no consistent procedures were followed.

Initially, Lieutenant Pughes said, the new practices were resisted by detectives, who felt that their integrity was being challenged.

“The only way to overcome that was through an elaborate training program that talked about memory and physiology and all different types of things,” he said. After the training, he added, “I could see that the lights were going on.”

The Denver Police Department adopted similar revisions six years ago, after “we looked at what we were doing and felt it was too suggestive,” said Lt. Matthew Murray, an aide to the department’s chief.

“A lot of law enforcement has a ‘sky is falling’ mentality,” Lieutenant Murray said of the resistance to changing witness procedures. “But we have found that in practice, these things don’t impact cases negatively, and actually have just the opposite effect.”

But 15 miles away, in Aurora, Colo., little has changed. Sgt. Cassidee Carlson, a Police Department spokeswoman, said the department had no written policy and did not follow the National Justice Institute guidelines because there was no state mandate to do so.

Lineups in Aurora, she said, are usually conducted by the officers investigating the cases, and although witnesses are admonished to take care in their identifications, no consistent steps are taken to prevent influence.

“For now, everybody’s satisfied,” Sergeant Carlson said. “This is the system we have in place, and it works with our court system.”

Ron Waldrop, a former assistant chief in charge of investigations in Dallas who instituted the changes there, said most departments do not make changes until wrongful convictions or other problems become an issue. And small departments in particular are unlikely to have changed their procedures.

“You have a lot of 10-man departments in the United States, and nobody really knows what they’ve done, if anything,” he said.

In an effort to find out, the Police Executive Research Forum has begun a survey of lineup practices in more than 1,400 randomly selected police departments around the country. The results are expected later this year, said Jerry Murphy, the survey’s lead investigator.

Mr. Waldrop, who is serving as an adviser on the survey, said his own suspicions about the flaws in witness procedures began during the 17 years he spent as commander of the Dallas department’s homicide division.

In some cases, he said, detectives would give small facial cues when a witness picked the suspect they had in mind, or tell the witness to pick “the person who most resembles” the one they had earlier seen commit the crime. And sometimes witnesses to the same crime would identify different suspects.

“There were things I saw in practice by detectives that were unintentional that I knew needed to be rectified through standards and training,” Mr. Waldrop said.

Yet even in departments that have enacted changes, police officers sometimes fail to comply with the new procedures. Stanley Z. Fisher, a law professor at Boston University, did a pilot study on compliance with changes in two jurisdictions in Massachusetts. He found that in Middlesex County, for example, where police officers are urged but not required to conduct blinded lineups, they recorded doing so in only 2 of 11 photo arrays.

The resistance to changing the witness identification process has not been limited to police officers, criminal justice experts say. District attorneys and judges have also been slow to recognize the weight of the evidence that the process is inadequate.

Brandon L. Garrett, a law professor at the University of Virginia whose book, “Convicting the Innocent,” was cited by the New Jersey Supreme Court justices in their ruling, said that judges often blocked testimony about studies that demonstrate problems with witness evidence.

“Judges say it’s either too complicated, abstract and unconnected for jurors to understand, and other times they say it’s too simplistic,” Mr. Garrett said.

As a result, there is often little or no counterbalance to the impact that vivid witness accounts have on juries.

And, said Stephen Saloom, the policy director for the Innocence Project, “every time you wrongfully convict an innocent person, you have failed to convict the real person, who will possibly go on to commit more crimes.”

Fuente: The New York Times

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“¿Qué podíamos hacer?”

El autor de este vídeo es  Manuel Borraz.

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DSK y la camarera: Principios y derivas de la justicia poética (XI)

Pues sí, la verdad. El affaire de Straus-Khan y la camarera del hotel  de Nueva York me ha terminado de convencer: la justicia poética es lo único que importa. Más allá de lo que ocurrió en aquella habitación del Sofitel, lo importante, lo jurídicamente relevante, son las interpretaciones. Si esa justicia consiste básicamente, no ya en la valoración de las pruebas, sino en la construcción de un relato (son palabras del Tribunal Supremo español), entonces lo que hay que ver es, en cada momento y lugar, qué relato es más eficaz. Esto es, cuál es socialmente más apetecible.

Quiero decir con esto que, como ciudadano modélico, me importa un bledo si Dominique Straus-Khan forzó o no a Nafissatou Diallo a hacerle una felación. Yo también tengo mi propia opinión sobre el asunto cuando del ex director del Fondo Monetario Internacional y una camarera africana se trata. Así que si lo que de verdad importa son los antecedentes del superejecutivo y las mentiras de la refugiada a la hora de pedir asilo; si de lo que se trata es de qué versión de los hechos resulta más verosímil; si lo que allí pasó nunca podremos saberlo del todo, puesto que no estábamos allí puestos; y si vivimos en el mundo en el que vivimos actualmente, esto es, en la actualidad: resolvamos este asunto como Dios manda: votemos.  ¿Quién cree  que la violó? ¿Y quién cree que no, que en verdad todo es un montaje de la camarera –según Fidel Castro la CIA podría estar detrás– para sacar pasta?

Yo, que he leído los periódicos, lo tengo clarísimo.

Filed under: Justicia poética, Principios (y derivas) de la justicia poética

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