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La continuación del periodismo, pero por otros medios.

El ex Fiscal Jefe Mena pretende, en falso, que dos verdades sumen una mentira absoluta

Esta mañana he hablado con el ex Fiscal Jefe de Cataluña, José María Mena. Ha llegado puntual a la terraza del Why Not: mesas y sillas de aluminio bajo el paraguas de un hermoso y enorme árbol. Un seto resguarda la esquinada terraza por un lado y un muro modernista con la cresta ondulada por el otro. Tengo que volver a preguntar el nombre del árbol y fijarme en la puerta que sostiene el muro, que digo yo que será de Gaudí. “Tengo para usted media hora”, me ha dicho nada más sentarse.

La entrevista ha durado 35 minutos. En los últimos cinco, Mena se ha empeñado en negar una evidencia que todo el mundo conoce: que tras la revisión de la causa de Olesa, el Equipo de Policía Judicial de Martorell redactó un segundo informe, centrado éste en el coche con el que se habían cometido las violaciones de Cornellà, La Secuita y La Bisbal del Penedès, y que siguió siendo utilizado cuando los dos marroquíes condenados estaban ya en la cárcel. Ha negado también, y esto ya sólo se ha hecho público aquí, que la Fiscalía nunca trasladó ese informe a las defensas. Yo tengo una comunicación escrita (carta, digo en la entrevista, ¡oh, pobre coloquial!) de uno de los letrados reclamándole ese informe. Que conste, de momento, que ambos hechos son verdad, por mucho que esta mañana el señor Mena haya pretendido lo contrario . El informe y la “carta” no los he traído conmigo a Barcelona, pero los colgaré aquí el lunes que viene.

Ésta es la transcripción de los últimos minutos de la charla con el ex Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena.

Preguntas: Este segundo informe de la Guardia Civil. Las defensas siempre se han quejado de que usted no se lo facilitó a ellas.¿En función de…

José María Mena: ¿Que no facilité yo…?

 P: El segundo informe de la Guardia Civil.

 J. M. Mena: Eso es una tontería. Eso demuestra, una vez más, la insuficiente buena fe de las defensas.

 P: ¿Por?

 J.M. Mena: Pues porque eso es una tontería. Porque yo no soy titular de ningún informe. El fiscal en ningún caso tiene un informe de la Guardia Civil que pueda dar o no dar a la defensa. Los informes están en la causa.

 P: No, no. Pero el informe este es del año 98, después de que se ha revisado la causa de Olesa….

 JM Mena: No. En ningún caso el Fiscal dispone de informes de Guardia Civil que no estén idénticamente en manos de la defensa. En ningún caso. No hay ningún informe de la Guardia Civil

 P: Cuando la causa está cerrada.

 JM Mena: Entonces el Fiscal no tiene informes.

 P: Un nuevo informe que hace, que eleva a la…

 JM Mena: En absoluto.

 P: Aunque ese informe exista y se haya elevado.

 JM Mena: No, ¿a quién?

 P: A la Fiscalía.

 JM Mena: No, no, no. En absoluto. Eso es una mentira absoluta.

 P: ¿Es mentira que la Guardia Civil le elevó un segundo informe?

 JM Mena: Mentira. Es mentira. Lo elevaría al tribunal. Lo elevaría al tribunal

 P: Y…

 JM Mena: No, no. Eso lo niego en redondo, ¡eh! En ningún caso el Fiscal en un asunto tiene un informe en régimen de, de secreto, salvo en las actuaciones previas a la incoación del sumario. Con la obligación, en todo caso, de incorporarlo al sumario. El Fiscal no puede en ningún caso guardarse un informe sin que lo conozcan las partes en un proceso. Y lo niego en redondo que yo dispusiera en ningún caso de un informe y no lo pasara a las defensas. Lo niego radicalmente. Lo que tiene usted que tener es la percepción de que las defensas, por ser defensas, no necesariamente le dicen a usted toda la verdad, ni que todo lo que le dicen sea verdad.

 P: No, a mí no me lo ha dicho la defensa. Yo tengo el informe y está dirigido a la Fiscalía. Y en el recurso de revisión de las defensas hacen constar que este informe, basado en un atestado…

 JM Mena: Pero esto se incorporaría a la causa.

 P: No, porque es un informe que, en su criterio, no dio orígen a ninguna actuación.

 JM Mena: No lo creo ni por un momento.

 P: Bueno, pues…

 JM Mena: No lo creo ni por un momento que yo dispusiera de un informe y además, niego radicalmente, que yo tuviera un informe que no pasara a las defensas. Que no le diera trámite.

 P: Pues hay una carta de uno de los letrados, que le dirige a usted, meses después de que el haya sabido que usted ha recibido ese informe, y que nunca ha recibido respuesta. Y esa carta consta.

 JM Mena: No, pero yo no me carteo con los letrados. Eso sí que…Ves, igual que le digo una cosa le digo la otra: Yo no me carteo con los letrados. O sea, las cartas no es un sistema procesal de comunicación.

 P: Ni siquiera cuando se ha juzgado la causa.

 JM Mena: Nada, nada. La carta no es un modo de comunicación. Una comunicación se hace una petición formal dentro de un trámiteee, del que corresponda.

 P: Vale. Puessss, no tengo más preguntas.

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La gran inversión

El caso de Cornellà es, por varias razones, el centro sobre el que pivotarán las demás condenas. La más importante es que Ahmed Tommouhi fue condenado a pesar de que el semen hallado en la zona vaginal de la braga de N. no era suyo. El condenado por violación y el semen del violador no coincidían, y ante la incoherencia del mundo, el tribunal se quedó con la coherencia incomparable del testimonio. Incomparable con el mundo. La ignorancia y las falsedades que la sentencia expone para justificar su condena paliceden ante el razonamiento analfabeto, aunque mágico, de Margarita Robles: los análisis biológicos “no podrían en modo alguno” desvirtuar el señalamiento de las víctimas, escribió la ponente. La segunda razón es que el coche que conducían los violadores esa noche fue el mismo, identificado por marca, modelo, color y matrícula, que el utilizado dos noches después en Tarragona, que es la otra condena por violación que resta a Tommouhi y Mounib. ¿Los habrían podido condenar en Tarragona de haberse declarado probado que Tommouhi no era el violador del Renault 5 gris B-7661-FW? La condena de Cornellà, y ésta es una tercera razón, fue la primera de todas.

El libro iba a acabar, muy probablemente, en Blanes. Pero veo ahora que quizá haya que añadir un epílogo de última hora: Margarita Robles suena como vocal socialista para el Consejo General del Poder Judicial que se cerrará, al parecer, en septiembre. Incluso para presidirlo. En 1991, tras convertirse en la primera mujer en presidir una Audiencia, Robles explicó una de las claves, aunque todavía no lo sabíamos,  de su filosofía jurídica sobre las agresiones sexuales:

“Como jurista pienso que lo que no se puede hacer es invertir el enjuiciamiento y exigir a la víctima que demuestre su inocencia.” (“Margarita Robles”, EL PAÍS, 23/03/91)

A alguien que, a la hora de dictar sentencia, se guía antes por la impresión de una víctima, golpeada hasta quedar inconsciente, que por los resultados de un análisis de semen, no seré yo quien le discuta lo que aquí implica, jurídicamente, el verbo invertir. Para que haya discusión tiene que haber algo en común, y el razonamiento de Robles es incomunicable. Pero ustedes solos podrán deducir que lo que el resultado de la inversión establecía era que fuera el acusado el que tenía que demostrar su inocencia. La inversión, a la magistrada Robles al menos, le ha salido muy rentable.

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La convicción y la certeza y el punto de vista

El magistrado Gerard Thomàs estuvo en el tribunal que condenó a Ahmed Tommouhi por el caso de Cornellà. La particularidad de este caso es que el semen hallado en la zona vaginal de la braga de la chica a la que supuestamente habría violado Ahmed Tommouhi, no era del señor Tommouhi. Según la sentencia, sin embargo, el resultado de esos análisis no podrían haber “en modo alguno” desvirtuado el convencimiento de las víctimas. Margarita Robles, hoy magistrada del Supremo y ex Secretaria de Estado de Interior, fue la ponente de aquella sentencia.

Después de demostrarse el error de la víctima en otro de los casos, el de Olesa, y cursada la petición de indulto por parte del Fiscal Jefe de Cataluña, José María Mena, la misma sección novena que lo había condenado por violación, robo y lesiones, informó favorablemente al indulto del señor Tommouhi, siendo entonces Thomàs el presidente de la sección. En junio de 2006 fui a preguntarle sobre si había cambiado en algo su apreciación sobre los hechos. Hablamos un cuarto de hora en los pasillos del Palacio de Justicia. Estas son las notas que tomé de sus respuestas.

Había llegado en 1989, a la Audiencia. No recuerda el “caso concreto”, ni tiene tiempo para recordarlo:

“si yo tuviera tiempo libre, pues lo podría perder contigo revisando un sumario de hace 14 años, pero ya te digo que no. Pregunta en el Ministerio [de Justicia], porque allí lo enviamos [el informe favorable al indulto].”

Sobre el por qué no consideraron los resultados del análisis de sangre y semen.

“Si no procedió admitir la prueba, es porque no procedía. El que se admita o no depende de la convicción que tuviera el tribunal en su momento. Por eso la ley no habla de certeza, habla de convicción.”

El convencimiento de las víctimas. 

“Hombre, ponte en el caso contrario, que un señor un día te ponga un cuchillo en la garganta, a ver si tú te vas a olvidar de su cara.”

Los motivos del informe favorable al indulto y la apreciación sobre los hechos.

“Si informamos a favor del indulto, que no es para nada vinculante, fue porque bueno: si lo había pedido el fiscal, que coordina también la investigación sobre los otros casos, pues será por algo; en todo caso, es al gobierno a quien le corresponde resolver, no a mí, ni a mi tribunal; ahí tenga el gobierno su patata caliente.”

Sobre los diferentes puntos de vista.

“Tú me hablas desde un punto de vista periodístico, y yo desde un punto de vista jurídico.”

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El distinto retorno del mismo

El hoy teniente R. era entonces otro de los miembros del equipo de policía judicial de Martorell, que llevó la investigación de dos violaciones de 1991 (Esparraguera y Olesa). El viernes, en Almería, insistió en lo que ya otro compañero suyo me había dicho: que el famoso folio en el que aparecía pegada la foto de Mounib, este folio, y sobre el que las víctimas de La Bisbal lo señalaron, no había sido confeccionado con ese objetivo: es decir, no se hizo para que se le mostrara a las víctimas.

De hecho, fue después de mostrar las fotografías a algunas víctimas, cuando se confeccionó: “las víctimas nos iban marcando: se parece a éste, pero no es; a éste; pero tampoco. Era cómo si estuviéramos haciendo un retrato robot, pero con varias fotografías: Así íbamos cerrando el círculo del aspecto que podían tener los autores”, me explicó el teniente R. Y fue más claro todavía: “es que si a mí me señalan a un tío, yo no pego su foto en un papel: yo voy y lo detengo. Si se hizo así fue para que los compañeros tuvieran una idea de a quién se podían parecer los autores que estábamos buscando”.

Así que las víctimas de Esparraguera y Olesa –“ese folio se hizo en Martorell”– marcaron los parecidos de los autores entre diversas fotografías. El famoso folio no es sólo ese folio: iba acompañado de otro en el que aparecen fotografías de individuos que se parecían mucho más al otro autor, que al que se parecería Mounib. El teniente R.: “En el documento eso se decía clarísimo: de rasgos similares. Similares.” La frase literal del folio, compruebo ahora, es:

Fotografías de individuos con características similares a las descritas por las víctimas de los hechos.

El folio, sin embargo, fue mostrado a las víctimas de Tarragona: y tanto la chica como su novio señalaron a Abderrazak Mounib. Lo más curioso de todo es que, una vez había saltado esa liebre, y de nuevo en Martorell, la víctima de Olesa ahora sí creyó reconocer, y lo señaló sin ninguna duda al parecer, a Abderrazak Mounib como uno de sus violadores. El ADN demostraría, cinco años después, que se estaba equivocando.

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Transbordos

El cabo V. participó sobre todo en los comienzos de la investigación de 1995, que finalmente llevaría a la detención de García Carbonell. En 1991, sin embargo, estaba en un cursillo en Madrid cuando ocurrieron los hechos: Lo que puede recordar nunca lo supo de primera mano.

El folio-portada que llevaba su nombre, del atestado sobre la recuperación del Renault 5, me explicó ayer en una cafetería de El Ejido, no podría asegurar si lo había recibido en Martorell o en Manresa, los dos equipos de policía judicial en los que trabajó esos años,  ni en qué fecha concreta. Esto último es fácilmente comprobable y así lo haré: en todo caso, su relación con ese atestado parece puramente jerárquica: el que en verdad lo habría pedido sería el guardia Reyes Benítez. “Desde que detuvimos al gitano, Reyes empezó a dar la brasa con lo mucho que se parecía al moro”, me explicó V.

En 1995, el cabo V.  sí se encargó de hacer una primera recopilación de diligencias, y puestas sobre la mesa, recuerda que comentó con un superior una hipótesis que, aunque errónea, daría finalmente en el clavo: “éstos tíos viven en Terrassa”,  pensó. El Teniente Pizarro, hoy comandante, ordenó peinar la ciudad: el objetivo era encontrar el Volkswagen Golf negro que habían descrito las últimas chicas violadas, no muy lejos de donde en 1991 había sido violada la chica de La Bisbal, en L’Arborç del Penedès. Apareció el coche, y luego aparecería Carbonell a recuperarlo y fue cuando lo detuvieron.

Pero, como ya saben, no era en Terrassa donde vivía Carbonell. En este sentido, parece más plausible la tesis de Godwin en El rastreador, que sostiene que los violadores y asesinos en serie trazan, aunque sea inconscientemente, una zona neutra entorno a su domicilio libre de asaltos. La hipótesis concuerda con este caso, pues ninguno de los hechos se cometió en Sabadell ni en sus más inmediatos alrededores.

Por eso, aunque no era su lugar de residencia, Terrassa resultó decisiva para la detención: era la estación elegida para los transbordos. Allí abandonaban los coches quemados. Los investigadores habían localizado ya varios vehículos de los utilizados en los asaltos cuando encontraron el Golf negro. Y allí se subían a los turismos pequeños con los que cometían los asaltos. García Carbonell llegó en una furgoneta, sobre las ocho de la noche, y maniobró para dejarla aparcada donde estaba el Golf, con el que, según costumbre, saldría a delinquir.

Un movimiento, por cierto, exactamente inverso al que hicieron los asaltantes la madrugada del 3 de noviembre de 1991. Las víctimas de los dos primeros asaltos, cometidos en Vilafranca del Penedès sobre la medianoche, con apenas un cuarto de hora de diferencia, describieron que el vehículo era un turismo pequeño. La pareja de novios asaltada en Terrassa, sobre una hora y media más tarde, identificaron que el vehículo era una furgoneta. La chica precisó que la puerta lateral, por donde la metieron a ella, era corredera. Terrassa está entre Vilafranca y Sabadell, en la dirección de sur a norte que se deduce por la hora y la localización de los diversos hechos: primero los situados más al sur, luego los de más al norte.

Todo esto lo digo porque uno de los argumentos utilizados por la fiscalía del Supremo para dudar de que los vehículos utilizados en diversas violaciones cometidas antes y después de que los marroquíes estuvieran en prisión fuera el mismo Renault 5, fue precisamente que el asalto de Terrassa había sido cometido con una furgoneta.

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El Ejido, paisaje de impunidad

No es la primera vez que voy a El Ejido. La primera fue en junio de 2000, [cuatro] meses después de los ataques racistas que cientos de vecinos dirigieron contra inmigrantes magrebíes. Bullshooter organizaba allí un campeonato nacional de dardos electrónicos, y mi hermano Rafa aceptó ofrecernos a una amiga y a mí una habitación doble y pensión completa durante una semana. El pacto incluía, a cambio, que trabajaríamos sábado y domingo.  Más que un hermano es un mecenas. La semana la dedicamos a hacer entrevistas y visitar lugares para un reportaje que escribiríamos a la vuelta. 

El Viejo Topo lo publicó en septiembre de ese año. “El Ejido, paisaje después de la batalla” rastreaba en qué habían quedado las declaraciones de intenciones, supuestas medidas y anunciadas soluciones aprobadas después de los ataques: habían quedado en nada. No tengo copia ni puedo conseguirla ahora (la biblioteca municipal de Petrer no archiva las revistas), pero recuerdo que el reportaje demostraba, con datos del propio ayuntamiento, que el único cambio que se estaba realmente produciendo era la sustitución de la mano de obra magrebí por otras sudamericanas y de Europa del Este. Era fabuloso el desparpajo con el que diversas fuentes acudían a argumentos sociológicos de corte multiculturalista: es positivo que haya mezcla de razas bajo los plásticos, decían, para justificar aquella limpieza técnica.

Por primera vez me llamó la atención, aunque no se trataba en el reportaje, la necesidad que ciertas movilizaciones tienen de literatura típica y de cómo había sido correspondida por el periodismo. Me sigo preguntando si los disturbios se habrían desencadenado, en aquel momento y en aquel lugar, si los rumores que construyeron el caso típico del discurso racista no hubieran llegado a los titulares: “Detenido un inmigrante marroquí por el asesinato de una joven a la que quiso robar“. El móvil del robo que establecieron varios testigos citados por la prensa no se demostró nunca, y según admitían varias fuentes meses después, la chica ni siquiera llevaba el bolso que supuestamente habían visto esos testigos. La sentencia estableció que Encarnación López, una ejidense de 26 años, había sido asesinada por un esquizofrénico marroquí, lo que de haberse publicado primero habría rebajado en mucho la típica espontaneidad del linchamiento.

Hablamos entonces con Ángeles Garzón y su marido Carlos, un matrimonio de abogados madrileños residentes en Granada, que durante los disturbios se habían trasladado a El Ejido para prestar apoyo jurídico a las víctimas. Los agredidos, explicaban, están dejando El Ejido y no habrá forma de localizarlos y continuar con los procedimientos. No encontré ayer, rastreando en el archivo de El País y Google, que ninguno de los que incendiaron negocios y viviendas de vecinos magrebíes, ni ninguno de los que, por ejemplo, condujeron los camiones que transportaban a vecinos españoles desde el centro de El Ejido a los asentamientos de los inmigrantes, según fotografía publicada creo que por ABC, haya respondido ante la justicia. Las únicas condenas que hallé (nueve años todas sumadas) se pronunciaron contra la agresión que el entonces subdelegado del gobierno en Almería, Fernando Hermoso, sufrió tras el entierro de Encarnación López. En consecuencia, el periodismo tampoco ha añadido una sola palabra que estropee la siesta de los impunes.

Sí encontré, sin embargo, que 57.214 vecinos firmaron a favor del indulto de dos ejidenses condenados a 15 años de cárcel por secuestrar y apalear a dos argelinos y un marroquí en 1997. Los dos secuestradores, Francisco Palenzuela y Juan Antonio Fernández, declararon en junio de 2004 que de ingresar en prisión podrían reeditarse la violencia de febrero de 2000. El alcalde, Juan Enciso, les había expedido dos certificados de buena conducta que ambos empresarios encartaron en sus expedientes. El entonces Ministro de Justicia, López Aguilar, adelantó en 2004 que el indulto sería denegado.

En fin, llegaré pasadas las tres de la tarde.

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Preguntas de ida y vuelta

De paso por Petrer (Alicante). En cuanto tenga cerradas las entrevistas –mañana o el miércoles, como muy tarde– me iré a Almería.  La casualidad, o las rutas migratorias, han reunido allí a cuatro protagonistas (secundarios) de esta historia: dos guardias civiles y dos marroquíes.

Los dos guardias civiles son importantes por la misma razón: el Renault 5. Ambos estaban aquellos años destinados en la 412ª Comandancia de la Guardia Civil (Barcelona interior). El coche se recuperó en Mollet del Vallès, que pertenecía a esa comandancia. Hoy uno de ellos está retirado al sol de Los Gallardos. El otro, destinado en un pueblo del poniente.  

Con el primero ya hablé por teléfono: se trata ahora de ver si, cara a cara y con tiempo, recuerda detalles o datos que aclaren el por qué de la escasa repercusión que sobre el caso tuvo lo que  debería haberle dado un vuelco importante: la recuperación del coche  con el que, según la Guardia Civil, se habían cometido las violaciones. El nombre del otro agente  aparece manuscrito (“para el cabo…”) en un folio-portada del atestado sobre la recuperación. Lo que indica, probablemente,  que o bien en 1991, o en 1995, esos atestados e informes tuvieron que pasar por sus manos.

(Por cierto, que aprovecho para resolver una duda que recogía aquí al publicar la relación de delitos cometidos con el Renault 5: me extrañaba que en esa relación no aparecieran las violaciones de Cornellà y Tarragona. La razón, confirmada por dos agentes, es que esos hechos ocurrieron fuera de la demarcación de la comandancia que realizó el informe: Cornellà pertenecía a la Policía Nacional, y Tarragona era de la 431ª Comandancia. La relación la había hecho un puesto de la 412ª (Barcelona interior, con sede en Manresa).)

Luego, a finales de semana, iría a visitar también a los dos marroquíes.

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Sangre, semen y convicciones, o como decíamos ayer

[Esta nota fue publicada en EL PAIS el 26/09/2006

 

El Tribunal Supremo revocó en 1997 una de las condenas a Ahmed Tommouhi y a su compatriota Abderrazak Mounib, porque los análisis de ADN demostraron científicamente el error de la víctima al identificarlos en 1991. Frente al testimonio subjetivo, el Supremo privilegió la corroboración objetiva. La Audiencia de Barcelona, sin embargo, ya lo había condenado en otra causa. El razonamiento fue inverso: los jueces descartaron las pruebas materiales frente a las “categóricas y terminantes declaraciones” de las dos chicas violadas.

Fue en el caso de Cornellà (Barcelona). N., una de las dos víctimas, de 14 años, entregó en comisaría el pantalón, el suéter y las bragas que llevaba puestos el día de autos. [Lo hizo tras su primera declaración]. La policía lo puso en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 1 de Cornellà en el primer atestado. Desde ese momento, Estrella Radio Barciela, titular de aquel juzgado, tuteló el proceso y los restos fueron analizados en el Laboratorio de Analítica Forense de la Policía Científica de Barcelona y cotejados con los marcadores genéticos de Ahmed Tommouhi, que accedió voluntariamente al análisis. Él mismo lo reclamaba cada vez que declaraba ante un juez.

El resultado fue negativo. Ni el semen ni la sangre eran de Ahmed Tommouhi, el único acusado en este caso. Los peritos, sin embargo, no acudieron el día del juicio oral, y el tribunal decidió que no hacía falta, como había pedido la defensa, suspender el juicio. La prueba no habría podido “en modo alguno” desvirtuar la “convicción” del tribunal, según la sentencia, convicción que se había formado exclusivamente por el testimonio de las víctimas, sin corroboración objetiva alguna.

La conclusión del informe no excluía, a ojos del tribunal, que Tommouhi fuera quien violó a N. porque habían sido “dos los intervinientes en los hechos”, con lo que los restos podían ser de ese otro. Las chicas, sin embargo, habían declarado que cada uno violó a cada una por separado, y las dos coincidieron en que supuestamente era Tommouhi el que había violado a N.

El contacto, por tanto, se debería haber producido por una salpicadura o un roce entre el violador de la otra chica, de 15 años, y la ropa de N. Pero a ésta última la violaron fuera del coche, “apoyándola de espaldas al agresor”, como ella misma contó el día del juicio. A su amiga la violó el copiloto, y recordó “que fue dentro del coche”. Ni la sangre ni el semen hallados correspondían a los marcadores genéticos de Ahmed Tommouhi. “Con los datos de ese informe, tengo que decir que ese hombre no ha sido”, explica Eugenio O., uno de los autores.

El tribunal dijo que ignoraba “por completo la cualificación técnica o científica” de los peritos, a los cuales no volvió a citar. Pertenecían a la Policía Científica. Eugenio O., el técnico, era diplomado en Farmacia y especializado en Análisis Clínicos. La facultativa que firmó aquellos informes es la actual inspectora jefa del servicio NBQ de la Policía Científica de Madrid.

El tercer argumento de la sentencia para descartar los hechos objetivos en favor del testimonio subjetivo de las víctimas fue que la recogida de la ropa no se había hecho con las suficientes garantías procesales. “No fue acordada por el juez de instrucción”, afirma la sentencia. “Las ropas llegaron con el primer atestado: o sea, que era imposible que el juzgado ordenara nada porque no sabía que había ocurrido eso”, explica Estrella Radio Barciela, la juez que instruyó el caso. El garantismo, que se inventó para proteger al reo, sirvió en este caso para condenarlo.

El tribunal sentenciador fue la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, presidida por Margarita Robles. Para revisar la sentencia está el Tribunal Supremo, pero nadie presentó el recurso. El abogado de oficio de Tommouhi en Barcelona, Pere Ramells, lo anunció oportunamente tras el juicio de 1993. Pero correspondía al Colegio de Abogados de Madrid nombrar a un colegiado suyo para que lo cursara ante el Supremo. Los nombrados no lo hicieron. Se quedó sin defensa y sin posibilidad alguna de que se revocara la sentencia.

 

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Interrogantes

El DNI de Antonio García Carbonell recoge que nació en Lérida en 1937. En una entrevista forense, que obra en el sumario, declaró haberse casado con 14 años. La edad de su mujer estaría ahora rondando los 60 años, según varias fuentes. O bien no es su primera mujer, o bien uno de los dos no podía tener esa edad. Su hijo mayor, al parecer, nació  en 1971, cuando su padre debía contar 34 años, lo cual parece una edad bien tardía para tan temprano matrimonio, además de para las costumbres gitanas que el propio García Carbonell subraya con esa boda adolescente. Las descripciones de las víctimas rebajan entre diez y quince años la edad que tenía su violador en el momento de los hechos.

Preguntas que no habría traído hasta aquí de no ser porque fuentes policiales me informan de que quizá no sea ése su primer nombre, ni su primer DNI, me digo yo, y entonces ese salto de 20 años vuelve a interrogarme.  

–¡Es un libro sobre la identidad, es un libro sobre la identidad!, repite Iván sin creérselo.

Sigo buscando.

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Confirmación

 José A. G., detenido y condenado por resistencia y agresión a la autoridad en 1991, no tiene nada que ver con este caso, ni con las personas en él implicadas, según he comprobado esta mañana de fuentes judiciales. La pista de la que les hablaba ayer, y según lo adelantado, ha resultado falsa. 

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